Migraciones femeninas y trabajo sexual.

Concepción de trabajo precario vs. “tráfico de mujeres”
Gemma Nicolás Lazo / tomado de investigaccio.org


Migraciones femeninas
El fenómeno de la globalización y las distancias, cada vez mayores, entre los países ricos y los pobres han provocado el movimiento migratorio más masivo de la historia conocida. Aunque la experiencia migratoria siempre se ha asociado con el género masculino, la participación de las mujeres en este fenómeno ha aumentado hasta tal punto que debería ser inconcebible abordar este tema sin una perspectiva de género .
Las mujeres representan casi la mitad de la población que migra a nivel global llegando a superar la mitad del flujo migratorio del año 2000 en los países desarrollados (Kofman, 2004: 646). Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1996 afirmó que “la feminización de las migraciones” es uno de los fenómenos sociales y económicos más impactantes de los últimos tiempos.
Sin embargo, las migraciones femeninas no son algo novedoso. En el siglo XIX emigraron muchas mujeres europeas hacia América, Estados Unidos y Argentina fundamentalmente, y durante décadas del siglo XX las mujeres emigraron en gran número de países como Irlanda y el Caribe. En la actualidad el fenómeno migratorio reviste unas características específicas debido a los procesos de mundialización de la economía y de las oportunidades de movilidad.


Empobrecimiento y precarización en la globalización económica
Con la globalización se han producido unas dinámicas distintas que han creado espacios económicos libres de fronteras frente unas políticas migratorias restrictivas dirigidas a controlar el flujo de personas. Por globalización se entiende el fenómeno que comprende toda una serie de procesos políticos, económicos y culturales que provocan, entre otros efectos, la flexibilización y fragmentación mundial del proceso productivo, la intensificación de los movimientos de capital, el avance tecnológico de los medios de comunicación, la pérdida de poder de los Estados nación y la influencia de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, FMI; Organización Mundial del Comercio, OMC; Banco Mundial, BM, etc.), la reconfiguración de las fronteras y del tráfico de trabajadores y trabajadoras, la sobreexplotación de recursos y la eliminación de residuos a nivel mundial, la homogenización de modelos de comportamiento y consumo y el aumento de la pobreza, por un lado, y de la riqueza, por el otro, concentrada en la tríada Estados Unidos, Unión Europea y Japón (Gregorio, 2002:13; Villota, 1999: 22).
Las economías neoliberales que han propiciado y posibilitado la globalización económica impulsadas principalmente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han recomendado desde los ochenta políticas restrictivas monetarias para frenar la inflación y políticas fiscales de reducción del déficit público, además de presionar para una desregulación interna y externa. Se supone que la finalidad era que las economías de los países en desarrollo se insertasen en el mercado internacional global. Las propuestas básicas de estas dos entidades son la liberalización de los movimientos de capitales, la reducción progresiva de aranceles y la disminución del papel del Estado en la economía (Berzosa, 1999: 105).
A partir de la liberalización de los mercados, en 1948, la producción internacional ha aumentado de una manera sin precedentes, primero fue la manufacturera y posteriormente el sector servicios. Desde entonces la economía mundial ha crecido seis veces. Sin embargo, este enriquecimiento no ha sido igualitario para todas las regiones del mundo sino todo lo contrario. Se ha producido un aumento de las desigualdades a nivel planetario (Bifani, 2002: 41).
El empobrecimiento de los países más pobres es el efecto lógico del enriquecimiento de los lugares más ricos del planeta. Como consecuencia, en el “tercer mundo”, las prestaciones sociales han decaído y se han deteriorado las condiciones de vida y ha aumentado la mortalidad infantil y el analfabetismo, especialmente de niñas (Bifani, 2002: 65).
El mundo rico ha controlado los mercados internacionales mediante las empresas multinacionales que han relocalizado etapas del proceso industrial en países del “tercer mundo” buscando una mano de obra barata y sin complicaciones sindicales. Por este motivo, en la última década se ha producido un flujo de inversión de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Los gobiernos de estos países, que desean atraer las industrias internacionales, procuran ofrecer una mano de obra competitiva, un clima político favorable con una escasa sindicalización y facilidades tributarias para repatriar los beneficios. El continente asiático es el que más zonas francas ha atraído, siendo la situación muy diferente en África, donde la inversión extranjera es menos de un 5 % de la total. Este continente corre el riesgo de convertirse en el depósito mundial de substancias tóxicas y contaminantes al rebajar especialmente las condiciones para facilitar la inversión extranjera (Bifani, 2002: 45-47).
Con la transformación del mercado internacional descrita se ha producido un incremento del empleo femenino en la fuerza de trabajo remunerada en el sector manufacturero aunque, en muchos lugares, el grueso del empleo sigue estando todavía en la agricultura tradicional de subsistencia o en el sector informal urbano.
La mano de obra femenina es aproximadamente un tercio de la mano de obra industrial en los países en desarrollo, sobre todo en el sector del textil, en las industrias electrónicas y de alimentación. El Sur-Este Asiático es la región que cuenta con mayor mano de obra femenina en la industria manufacturera, siendo casi la mitad (Bifani, 2002: 38-48). Las mujeres han cargado con el peso del ajuste económico neoliberal. Ante el empobrecimiento del “tercer mundo” las mujeres han tenido que acudir al mercado laboral industrial para contribuir a los ingresos familiares (Berzosa, 1999: 106).
Sin embargo, a pesar de lo positivo que podría ser la inversión extranjera en los países en desarrollo, a medida que la producción se traslada de las metrópolis a las zonas francas se produce una precarización de la mano de obra y ello afecta especialmente a las mujeres. La incorporación global de la mujer al mercado de trabajo no ha eliminado la segregación vertical ni horizontal sino que la ha reproducido a escala mundial. Los empleos femeninos se caracterizan por la flexibilización (trabajos atípicos), por la precarización (inseguridad) y por la informalización (contingencia). Los salarios de las mujeres tienden a ser sistemáticamente inferiores a los de los hombres y en las empresas se reproducen estructuras patriarcales de dominación y sumisión. Las mujeres son percibidas como mano de obra barata, no cualificada, sumisa y altamente movible (Bifani: 2002: 38- 48). La explotación está presente siendo “largas horas de trabajo, dormitorios congestionados, supervisión estricta y restricciones” (Bifani, 2002: 60-61) las características habituales de estos empleos. Sin duda, todo lo dicho contribuye a fortalecer la segmentación del mercado de trabajo y a perpetuar, sino a aumentar, las desigualdades de género, tanto económicas como sociales (Bifani, 2002: 63).
El concepto “feminización de la pobreza” hace referencia a este hecho. Las mujeres poseen siempre una mayor ratio de pobreza en un contexto geográfico concreto, aunque del volumen total de trabajo realizan más de la mitad percibiendo remuneración tan sólo de un tercio de esta actividad (Informe de Desarrollo Humano, 1995, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, PNUD, en Berzosa, 1999: 99). Esta realidad no es una situación coyuntural sino un estado estructural que tiende a agravarse. El porcentaje de mujeres que vive bajo la línea de la pobreza se ha duplicado en los últimos 20 años. Existen más mujeres que hombres pobres en los hogares pobres y los hogares encabezados por mujeres son más pobres que los hogares encabezados por hombres (Bifani, 2002: 63).
La pobreza acentúa las diferencias de género. La existencia de discriminaciones en cuanto al acceso a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de los activos hace que las mujeres tengan menos oportunidades (Berzosa, 1999: 100). Bifani (2002: 63) afirma que “[m]ientras mayor sea la discriminación de género al acceso y control de las fuerzas que mueven y orientan el proceso de globalización, mayor será su marginalidad y pobreza”.
También la internacionalización del sector servicios ha aumentado las posibilidades de empleo para las mujeres en sus países de origen o en el extranjero. La demanda desde los países ricos de ciertos servicios ha producido una fuerte migración sobre todo de mujeres. Sin embargo, las ofertas laborales en este sector siguen los patrones de un mercado laboral segregado. La inmensa mayoría, dos tercios, se sitúan en el empleo doméstico, trabajo desregulado, precario y frecuentemente en condiciones de semi-esclavitud (Bifani, 2002: 56-57).
La globalización económica también ha producido efectos negativos para las poblaciones trabajadoras de los países desarrollados. El desempleo aumenta, el trabajo precario se extiende por doquier, el endeudamiento de las familias crece y se incrementan los procesos de exclusión social. Algunos avances que se habían conseguido respecto a los derechos de las mujeres en el Estado del Bienestar están retrocediendo. Las mujeres están más afectadas por el paro, por los trabajos temporales y por la economía sumergida; sufren segregación vertical y horizontal y sus salarios son inferiores a los de los hombres además de hacerse cargo de las tareas del cuidado y de las faenas domésticas.

Migraciones de mujeres como factor de “empoderamiento”
En el contexto globalizado descrito, muchas mujeres optan por migrar desde sus lugares natales hasta las grandes ciudades de sus países o intentan la aventura de llegar a los países ricos. Para ellas, viajar puede ser una estrategia de supervivencia y de mejora de sus condiciones y proyectos vitales. Y es que las mujeres han incrementado su poder adquisitivo en el mundo y cada vez más familias necesitan de los ingresos femeninos para subsistir. Algunas de ellas, las migrantes, están asegurando, desde partes muy diversas del planeta, la supervivencia de sus familias en sus lugares de origen o en sus lugares de residencia. Este hecho de aumento de fuerza o de “empoderamiento” ha sido llamado por algunos autores (Ehrenreich y Russel, 2003: 3) como una “revolución de género mundial”.
Este proceso se verifica con el incremento, desde hace ya unos años, de mujeres viajeras solas que han ido llegando al Estado español; en los 80’, llegaron mujeres filipinas para trabajar en el servicio doméstico; en los 90’ mujeres autónomas llegaron desde el Perú y la República Dominicana ; desde el 2000, recibimos mujeres que vienen de la Europa del Este; desde el 2002, mujeres jóvenes han viajado desde Argentina para llegar al Estado español...
Las mujeres son un 47,5% de la población extranjera que reside en la ciudad de Barcelona y son mayoría en los colectivos de América Central, del Sudeste Asiático y de América del Sur. De los grupos con mayor presencia en la ciudad, Ecuador, Perú, Marruecos y Colombia, las mujeres son mayoría en todos los casos excepto en el marroquí . De este último colectivo, las mujeres representan tan sólo un 35,5% del total (Ajuntament de Barcelona, 2005).
Los discursos humanitarios y progresistas han solido argüir unos argumentos tendentes considerar a los pobres, a los no formalmente educados y a las personas inmigrantes como víctimas, ya sea de la pobreza de sus países, de conflictos armados, de guerrillas, etc. Los llamados “discursos push-pull” suelen explicar las migraciones, y especialmente las femeninas, a través de condiciones estructurales desposeyendo a las personas migrantes de capacidad de decisión. Sin embargo, “[l]as migraciones son procesos altamente selectivos; ya que sólo ciertas personas salen, y viajan por rutas altamente estructuradas a sus destinos” (Sassen, 1999: 2, en Agustín, 2003: 47).
Es común que a las mujeres especialmente se les desposea de capacidad de decisión cuando migran. Se les niega sistemáticamente el protagonismo que implica la decisión de emigrar. Sin embargo, en general, cuando es un hombre soltero quien decide migrar, se suele considerar dicha decisión como algo positivo y como producto normal de la ambición masculina de progresar mediante el trabajo y de luchar por un proyecto de vida digno (Agustín, 2003: 79).
Esto es porque el modelo femenino se asocia con la pasividad y la permanencia. Las migraciones de las mujeres vienen a contradecir este modelo. Así, o se niegan las migraciones de mujeres, o se niega su capacidad de decisión victimizándolas o se les criminaliza. Las mujeres, como metafóricamente apunta Juliano (2002, bis: 123; 2004: 174), son consideradas las “cariátides del templo”. Su movilidad, su actividad desestabilizan la construcción, desafianzan el sistema.
Pero las mujeres también toman decisiones de migrar y también valoran sus pociones según las estructuras geopolíticas y económicas y sus códigos culturales, sus aspiraciones y deseos y sus necesidades. Son influidas por sus condiciones sociales, por la situación económica, por el ambiente, pero también tienen capacidad de meditar sobre sus opciones y de tomar una decisión. El hecho de ocupar una posición menos poderosa en términos estructurales no significa que no se puedan tomar decisiones, influidas, obviamente, por multitud de factores socio-económicos, pero también por deseos individuales. Por tanto, el “proyecto migratorio consiste en un vasto complejo de fuerzas, desde la nacional y la global hasta la más local, personal y casual” (Agustín, 2003: 51).
Así y pese a que esta estrategia victimista ha podido llegar a producir alguna ventaja para las mujeres migrantes, ha construido una identidad social que les convierte en meras receptoras pasivas de situaciones sociales, de políticas públicas y de caridades individuales que las desposee de agencia y de reconocimiento de subjetividad política. Agustín (2003: 44) propone un “análisis poscolonial y de clase” sobre el concepto de inmigrante en general y de mujer migrante en particular que reconozca la capacidad de decisión de las personas.
En un sentido similar, los medios de comunicación suelen describir a todas las mujeres migrantes con las mismas características. Sin embargo, tenemos que subrayar su gran diversidad y heterogeneidad ya que mujeres muy diferentes llegan a Europa: mujeres que viajan solas o con sus familias; mujeres provenientes del campo o de las ciudades; mujeres que tienen la voluntad de permanecer en Europa o aquéllas que quieren volver a sus países de origen pasado cierto tiempo; mujeres que emigran autónomamente o mujeres que están sometidas a redes de tráfico; mujeres con diferentes niveles de formación (sin educación reglada, muy cualificadas, etc.); etcétera (Holgado, 2001).
Respecto a esta última variable, el nivel formativo, Kofman (2004) se esfuerza en subrayar el carácter heterogéneo de las migraciones femeninas y critica el reduccionismo de muchos enfoques que sólo atienden a los movimientos de migrantes del “tercer mundo” que suplen las necesidades de los sectores menos cualificados. Acepta el hecho de que la mayoría de las mujeres migrantes desarrollan tareas que requieren poca formación, pero se cuestiona por qué se produce esa relegación de las mujeres a los trabajos menos cualificados y a los circuitos subordinados de la globalización. Considera que muchas mujeres que migran a los países occidentales tienen niveles formativos elevados e incluso universitarios , pero son descualificadas y desvaloradas por un mercado laboral discriminatorio, engrosando finalmente la oferta de trabajo doméstico . Aún así, ella propone incluir las mujeres migrantes cualificadas a los análisis sobre las migraciones porque, afirma, también se produce una demanda de trabajadores/as cualificados/as desde finales de los noventa por parte de algunos países ricos (Canadá, el Reino Unido y Alemania). Ello sería producido por una devaluación de las calificaciones y títulos académicos y por la reducción de inversiones públicas en educación y en formación de profesionales bajo los regímenes neoliberales occidentales. Sin embargo, estos/as trabajadores/as cualificados/as tienen peores condiciones laborales, ocupan los estratos profesionales más bajos (siendo relevante el racismo profesional) y son menos valorados/as por sus calificaciones.
Son varios los factores que pueden condicionar las migraciones de mujeres y hacer que sean mucho más numerosas que las masculinas en algunas áreas geográficas. Sin duda alguna, las migraciones de mujeres están afectadas por el sistema de desigualdad o de estratificación de género de muchas sociedades. Se podría definir este sistema como aquella organización social que produce desigualdad entre hombres y mujeres sustentándose en construcciones culturales sobre el género. Este sistema desigual incluiría un proceso de sexualización diferente para mujeres y hombres, una división sexual del trabajo, un sistema de poder y autoridad desigual y unas definiciones sociales sobre el género desiguales (Gregorio, 1998: 80-82).
Insertas en este marco de dominación masculina encontraríamos las variables que afectarían las migraciones femeninas. Gregorio (1998: 80-81) propone cinco, a las que he realizado algún añadido y he cambiado el orden según un criterio de relevancia. En primer lugar, aparecería el fenómeno llamado “feminización de la pobreza”. En lugares donde las diferencias entre el norte y el sur se hacen más acuciantes y la globalización capitalista castiga más a sus gentes las mujeres sufrirán en mayor medida sus consecuencias.
En segundo lugar, y como una de las causas de la primera variable, sería necesario valorar la situación de mayor desigualdad y marginación en el acceso de los recursos que pueden padecer las mujeres en sus sociedades de origen. Por ejemplo, las mujeres abandonan más las zonas rurales porque se encuentran discriminadas en muchas sociedades respecto a los derechos sucesorios, mientras que los hombres suelen tener más facilidades para realizar sus proyectos vitales en sus aldeas de nacimiento al poder heredar de sus progenitores (Juliano, 2004: 179).
En tercer lugar, las actitudes de miembros del grupo familiar hacia cuestiones como la migración femenina, el abandono del hogar, el empleo de las mujeres, etc., es decir, sobre los roles femeninos en general también es un factor a tener en cuenta. En cuarto lugar, la existencia de mecanismos patriarcales de control y subordinación del trabajo de la mujer migrante pueden promover que se convierta en la principal contribución al proyecto familiar de mantenimiento de la familia. Finalmente, la consideración de la ideología de la maternidad y el compromiso de mantener a sus familiares, sobre todo a hijas e hijos, también es relevante. La existencia de valores como la lealtad hacia la familia o la fidelidad filial pueden hacer que la mujer vea en la migración un proyecto grupal.
A estas variables, deberíamos de añadir, como Agustín (2004: 91-101) resalta, el carácter aventurero y transgresor de la mujer que decide migrar. El deseo de conocer mundo, de vivir experiencias, de sentirse independiente y pasárselo bien, también son factores que pueden contribuir a la decisión de migrar.

Invisibilidad de las mujeres migrantes y políticas de extranjería discriminatorias
Entonces, si las mujeres también viajan, las preguntas que nos deberíamos hacer serían: pero, ¿dónde están ellas consideradas en las políticas públicas? ¿Por qué son invisibles? ¿Por qué la inmigración es sólo tratada como un asunto masculino?
Pese a la relevancia numérica de las mujeres en el flujo migratorio, las políticas públicas de los Estados y los estudios científicos suelen subestimar o no reconocer la participación femenina en el fenómeno migratorio. La dificultad para valorar el impacto migratorio femenino en toda su extensión reside en las categorías androcéntricas y misóginas de los propios discursos occidentales, llamadas por Juliano (2004: 189) “estereotipos discriminadores profundamente arraigados”.
Tanto las políticas como los estudios parten de una consideración meramente economicista de la inmigración sin tener en cuenta otras consideraciones más sociales o culturales. Esta perspectiva económica coincide con la visión que occidente tiene de la masculinidad, relacionada con lo económico y lo laboral y con la capacidad de llevar a cabo un proyecto vital sin ser contaminado por preocupaciones domésticas. En cambio, la mujer, lo femenino, se asocia a algo socio-cultural, a algo doméstico y relacionado con la familia y, por lo tanto, no se tiene en cuenta en el análisis del fenómeno migratorio (Kofman, 2004: 647). También las razones estrictas que suelen considerarse motivadoras de la decisión de migrar, como el trabajo, la familia o el asilo, son profundamente reduccionistas. Desde una perspectiva que integre las motivaciones de las mujeres debería considerarse una multiplicidad de racionalidades que combinasen el trabajo, con los proyectos de vida y el emparejamiento o matrimonio (Kofman, 2004: 647).
En la invisibilización de las migraciones femeninas también inciden tintes etnocéntricos que conciben a las mujeres inmigrantes con las categorías de la sociedad receptora sin tener en cuenta que el género hombre y mujer son categorías construidas culturalmente y que, por tanto, presentan múltiples variaciones (Gregorio, 1999: 261).
La migración de las mujeres tiende a ser minimizada en varios sentidos. En primer lugar, se la considera numéricamente menos importante de lo que es. En segundo lugar, se la desposee de carácter autónomo porque se las vincula a la migración masculina o se les considera víctimas de procesos coactivos o de extorsión anulando su capacidad de decisión o agencia (Juliano: 2004: 175). Cuando son mujeres que migran porque sus familias lo hacen, en general por procesos de reagrupamiento de sus maridos, las políticas oficiales no consideran que tengan actividad en el mercado laboral (Kofman, 2004: 646) o que su actividad reproductiva o de cuidado sea trabajo.
En el marco de las restrictivas políticas europeas respecto a las migraciones, la Ley española de extranjería (Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 4/2000, modificada por LO 8/2000 y por LO 14/2003) reprime y criminaliza la inmigración, en vez de trabajar por la integración social. También las últimas reformas penales han incrementado el castigo a la migración clandestina, al mismo tiempo que han buscado una mayor eficiencia en los procesos de expulsión. Estas medidas legislativas hacen todavía más difíciles las condiciones de vida de la población inmigrante y reducen sus posibilidades de tener éxito en sus proyectos vitales.
Además de la restricción de derechos que genera la legislación de extranjería para toda la población migrante, en el caso de las mujeres la discriminación tiene algunas características especiales ya que las políticas públicas consideran exclusivamente la inmigración como un fenómeno masculino, hecho que dificulta que las mujeres inmigrantes puedan regularizar su situación en el país. La normativa de extranjería se realiza sobre el modelo masculino y no acoge las especificidades vitales y laborales de las mujeres. Las mujeres migrantes padecen más discriminación laboral y legal en la ya discriminatoria legislación de extranjería (Juliano, 2004: 189).
En primer lugar, los cupos que se establecen por el Gobierno para las mujeres inmigrantes refuerzan los estereotipos sobre ellas, alimentan la división sexista del trabajo y empeoran sus posibilidades de movilidad social y de realización profesional. En segundo lugar, son consideradas como un “ejército de reserva” de las necesidades capitalistas y patriarcales, permitiéndoseles sólo trabajar en puestos caracterizados por su precariedad y su feminidad, su temporalidad, sus bajos salarios y, sobre todo, por pertenecer, en muy alto grado, a la economía sumergida. En tercer lugar, la legislación española sobre inmigración no permite trabajar a las personas que tienen permiso de residencia por reagrupación familiar o por estudios . La mayoría de este colectivo son mujeres, así que en este caso la discriminación legal indirecta es flagrante. Finalmente, ya que esta legislación subordina la regularización de una situación “ilegal” al hecho de tener un contrato de trabajo, las mujeres tienen menos posibilidades de regularizar su situación porque no es frecuente que las mujeres lo consigan, dada su elevada participación en la economía informal. La tendencia hacia la desregularización de los trabajos femeninos no es, según Juliano (2004 bis: 49), una simple omisión jurídica sino “un elemento de control que permite ejercer presión de manera arbitraria sobre las inmigrantes, al manejar expulsiones y aceptaciones y colocarlas en una posición extremadamente vulnerable”.
Así, los trabajos que habitualmente desarrollan las mujeres inmigrantes son aquellos relacionados con el cuidado y el sexo, esto es, como empleadas del servicio doméstico, como cuidadoras de menores, ancianos o enfermos o como trabajadoras sexuales. Estos trabajos son los que también realizan en sus lugares de origen. Teniendo en cuenta que en los países ricos se las demanda (y crecientemente) y van a cobrar mucho más, el proyecto migratorio cobra sentido (Agustín, 2004: 68).
Kofman (2004: 650) se refiere a una expansión extraordinaria del trabajo doméstico desarrollado por mujeres migrantes como sucedió en el siglo XIX. En los países del sur de Europa, como en Asia, sería donde más habría crecido la demanda, hecho que se explicaría por la ausencia de servicios públicos propios del Estado de bienestar respecto al cuidado de las personas (menores, ancianos, enfermos, personas con minusvalías, etc.), así como por el vacío dejado por muchas mujeres autóctonas que se incorporan a la esfera pública sin que haya un reparto de tareas o una conciliación con la población masculina entre la vida familiar y laboral.
En la mayoría de las ocasiones estas mujeres son invisibles, están cerradas en casas o en prostíbulos, e ilegales, porque no les hacen contrato para regularizarse (Ehrenreich y Russel, 2003: 2). Las mujeres inmigrantes están llevando a cabo una función bastante paradójica. Están haciendo posible el estilo de vida más igualitario de las mujeres occidentales, ya que se ocupan de los faenas que han sido asociadas al rol tradicional de la mujer esposa y madre. Ellas cuidan de los niños y de las casas, mientras las mujeres occidentales se desenvuelven en la vida pública, y atienden las “necesidades” sexuales masculinas. Así, los espacios que dejan libres las mujeres de los países ricos con su entrada en el mundo público y su mayor disfrute de más opciones laborales y vitales, sin que haya una reconstrucción de ambos ámbitos entre mujeres y hombres, son ocupados por las mujeres de los países pobres (Juliano, 2002: 119-20).
Todas estas mujeres sufren las duras consecuencias de ser extranjeras y mujeres en una sociedad patriarcal que trata la inmigración como un problema. Sin embargo, hay un colectivo de mujeres inmigrantes que todavía sufre una mayor discriminación legal y un más violento maltrato social: las trabajadoras del sexo.

El trabajo sexual como opción laboral de las mujeres inmigrantes
La industria del sexo: un negocio mundializado
A lo largo de la historia, multitud de factores políticos, económicos y sociales han provocado que el comercio sexual se convirtiese en un fenómeno internacional como consecuencia del capitalismo, del colonialismo y de la hegemonía masculina. En la actualidad la industria del sexo ha adquirido una dimensión mundial y una extraordinaria capacidad de generar ingresos . Este negocio se encuentra estrechamente interrelacionado con otras grandes industrias e infraestructuras, como es la turística, con la que existen enlaces internacionales en los que están implicados compañías de transporte aéreo, agencias de turismo y compañías hoteleras .
Son muchas las trabajadoras del sexo que dejan sus lugares de origen del llamado “tercer mundo” y acuden a las grandes ciudades o a los países ricos del norte. Son muchos, también, los ciudadanos del norte que acuden a lugares turísticos del sur para comprar servicios sexuales. Los negocios se diversifican y se trasladan a mercados transnacionales dentro de la lógica del capitalismo globalizado y aumenta la búsqueda, en el mercado, de satisfacciones a los deseos.
En el fenómeno del trabajo sexual de la actualidad se entrecruzan las relaciones norte y sur en el marco de la economía capitalista globalizada, así como las relaciones de clase y las de género (Osborne, 2004: 18). Los efectos de la globalización económica que fueron antes descritos también afectan al trabajo sexual. Las consecuencias de dicho fenómeno, como el traslado de secciones de multinacionales de los centros industriales del norte a las zonas francas del “tercer mundo”, las políticas de trabajo flexible, las migraciones del campo a las ciudades en los países del sur, la pobreza, el trabajo bajo condiciones infrahumanas y el desempleo son factores que han favorecido al carácter global de la industria del sexo (Kempadoo, 1998: 16). Un Informe del Parlamento Europeo de 2004 sobre la industria del sexo apuntó también algunos de estos factores (Parlamento Europeo, 2004).
Por ejemplo, la transición del socialismo a las economías de mercado en los países del este de Europa o las políticas macroeconómicas neoliberales de los gobiernos del sudeste asiático, han provocado desempleo y subempleo, condiciones precarias y duras de vida sin ninguna cobertura social por parte del Estado. Todo ello ha conducido a un aumento de la industria del sexo en esas áreas geográficas.
Según el citado informe del Parlamento Europeo, esta industria mueve de entre 5.000 a 7.000 millones de dólares estadounidenses cada año, cantidad que supera el gasto militar mundial, e implica un movimiento geográfico de 4 millones de personas (Parlamento Europeo, 2004).
En un sentido distinto, los ingresos producidos por la industria del sexo son también fundamentales para la subsistencia de millones de personas y de sus familias que trabajan en el sector o en otros relacionados. En algunos países del sur, cuya subsistencia depende cada vez más de intereses económicos globales, el trabajo sexual supone un ingreso muy importante. Este es el caso, por ejemplo, de Cuba o de los países del sudeste asiático (OIT, 1998). Según un informe de la OIT (The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia (1998), editado por Lin Lean Lim, Génova: OIT), la industria del sexo alcanza el 14% del PIB (Producto Interior Bruto) de Indonesia, Malasia y Tailandia (Lean, 2004: 62).

Concepto de trabajo sexual
En las sociedades actuales, el trabajo es el elemento que da valor y otorga derechos a una persona. Un ciudadano o ciudadana tienen derechos en tanto y en cuanto es trabajador o trabajadora. Por este motivo, considero necesario partir de la concepción de la prostitución como trabajo, como trabajo del sexo. Si negamos a las trabajadoras del sexo su condición de trabajadoras, les estaremos impidiendo la posibilidad de ser personas consideradas socialmente y sujetos de derechos (Juliano, 2004 bis: 47).
Así, por tanto, sólo huyendo de las tradicionales concepciones de la prostitución que tendían a la criminalización o a la victimización y elaborando un marco teórico que reconozca la actividad de las trabajadoras del sexo como laboral podrá salir este fenómeno y sus protagonistas de los márgenes de la exclusión. El reconocimiento de la prostitución como trabajo y de las prostitutas como trabajadoras sexuales permite reivindicar la protección de sus Derechos Humanos con los instrumentos que existen en la actualidad .
Resulta útil, pues, dedicar el inicio de este apartado para precisar qué se entiende por “trabajo sexual”. La definición más utilizada es la de Jo Bindman (1997). “Trabajo sexual” es toda:
“Negociación y ejercicio de servicios sexuales remunerados:
a) con o sin la intervención de una tercera persona,
b) cuando tales servicios son publicitados o reconocidos de forma general como disponibles en un lugar específico (un “mercado”),
c) cuando el precio de los servicios refleja las presiones de la oferta y la demanda”.

Una vez definido el concepto, en abstracto, se hace imprescindible contextualizar el trabajo sexual en sus diversas situaciones y realidades. Como dice Juliano (2004: 162), el trabajo sexual no se ejerce en un mundo abstracto, no es un fenómeno aislado y evaluable por sí mismo. La autora propone tratarlo como “un hecho social total”, concepto “maussiano”, para entenderlo globalmente teniendo en cuenta todos los factores que pueden interactuar. Sólo así, puede comprenderse como una opción más entre otras opciones posibles o como una estrategia para sobrevivir o, incluso, para autoafirmarse.
Juliano propone tres ámbitos en los que la contextualización se hace imprescindible; el campo laboral, el campo de la sexualidad y el campo de las estructuras de género (Juliano, 2004: 162-70). Este ejercicio de contextualización permite aceptar como lógicas opciones muy diferentes teniendo en cuenta a las mujeres como agentes activas de sus decisiones, recoloca el debate en el plano de la racionalidad de las elecciones según su contexto de origen (no respecto a los resultados que se obtengan en el futuro) y nos provee de la pauta para identificar situaciones de abuso que han de considerarse delictivas (Juliano, 2004: 170).
En definitiva, con la contextualización se evita la realización de afirmaciones europocéntricas de clase media y de carácter universalizador. La perspectiva que deberíamos mantener en este campo debería ser el relativismo crítico.
En este ejercicio de contextualización deberíamos preguntarnos, ¿y quiénes se dedican al trabajo sexual?

El trabajo sexual en el contexto del mercado laboral
Sólo un pequeño porcentaje de las mujeres que llegan a Europa de otros lugares del mundo trabajan en la industria del sexo, aunque a medida que aumentan las restricciones de entrada y de integración laboral y social, su número tiende a aumentar (Juliano, 2003: 193). La tasa de mujeres inmigrantes en el sector de la industria del sexo es muy elevada, de entre el 70% y el 90% (según las fuentes). Muchas de ellas están en situación irregular según la legislación de extranjería, entre el 80% y 90% de las inmigrantes (Holgado, 2001).
Las mujeres trabajadoras sexuales inmigrantes son con carácter general, y sin pretender ahondar en los estereotipos existentes al respecto, “mujeres jóvenes de clases bajas, pobres, con escaso nivel de instrucción, procedentes de áreas marginales y con poca capacitación laboral, apoyo familiar o formación política y de género” (Juliano, 2004: 161).
Si iniciamos el ejercicio de contextualización que apuntábamos más arriba respecto al ámbito laboral, donde reside principalmente el interés para este artículo , hemos de valorar cuáles son las opciones laborales reales de que disponen las mujeres inmigrantes con una determinada edad, con un concreto nivel de formación, de un grupo étnico específico en un lugar como es el Estado español.
Si el mercado de trabajo se clasificase en tres estratos respecto a la calidad de los trabajos que ofrecen –trabajos bien remunerados, estables y con cobertura legal; temporales, salarios bajos e indefensión legal; y en economía sumergida- los huecos laborales que se destinan a las mujeres serían los dos últimos (Juliano: 2004: 186).
Las posibilidades laborales que ofrece el mercado laboral a las mujeres inmigrantes en occidente son precarios, mal pagados, de baja calificación, en la economía sumergida, etc. El servicio doméstico como internas o por horas, el cuidado de criaturas, de personas ancianas o enfermas, el trabajo en el campo en invernaderos o en recogida de frutas, la confección, la hostelería, la limpieza de oficinas (Juliano, 2004: 127), o el matrimonio son los trabajos a los que las mujeres inmigrantes pueden acceder en el Estado español, casi con total independencia de su nivel formativo. Si su situación legal en el país de acogida es irregular , las opciones laborales se restringen y se precarizan todavía más. En este contexto, el trabajo sexual a tiempo completo, o parcial, u ocasional, puede ser simplemente como una opción más.
Agustín (2003: 37) propone no pensar que haya una línea de división entre el servicio doméstico y el servicio sexual. Existe una estrecha relación entre ambos trabajos, ya que se realizan en su mayor medida en la economía sumergida, son precarios, no requieren calificación formal y los suelen realizar las personas con condiciones económicas o sociales más desfavorables. Muchas son las mujeres que combinan ambos trabajos para salir adelante, o los alternan, o sólo recurren al trabajo sexual de forma ocasional cuando necesitan algún ingreso extra. Para muchas mujeres que trabajan en la industria del sexo a tiempo completo sólo habría otra opción laboral en el caso en que quisieran cambiar de profesión, el servicio doméstico. Muchas no lo quieren porque supone trabajar más horas, sin libertad y ganando muchísimo menos dinero. Para muchas es mucho más indigno y humillante trabajar de interna en un hogar de clase alta cuidando a una familia que no es la propia y limpiando suciedad producida por otros/as que intercambiar servicios sexuales por dinero.
Resulta sorprendente percatarse de cómo para el imaginario colectivo autóctono, muchos trabajos que ofrece el mercado laboral flexibilizado se consideran indignos para los nacionales pero idóneos y generosos para los extranjeros (Juliano, 2004: 195). Esto sucede en los sectores laborales en los que se ocupan principalmente las mujeres inmigrantes y a los que acabo de hacer referencia.
¿Es realmente la prostitución la peor de las opciones laborales posibles o es una alternativa más para tener en cuenta? Si consideramos el tiempo utilizado o invertido, el esfuerzo necesario, los riesgos que implica, las capacidades requeridas, los resultados económicos y la valoración social del trabajo sexual en relación a otros trabajos que podrían ocupar las mujeres inmigrantes, la respuesta puede ser, para algunas de ellas, negativa.
Según Juliano (2004: 160), la prostitución es utilizada por muchas mujeres como una “actividad refugio”, es decir, como una actividad a la que se suele recurrir para solucionar problemas diferentes; necesidades económicas, rechazo familiar, necesidad de flexibilidad en los horarios, etc. Para muchas mujeres es más un “recurso funcional” que un problema en sí mismo.
Una actividad refugio que puede ser utilizada como una plataforma para mejorar sus condiciones económicas y las de sus familias. Estas mujeres son frecuentemente el único apoyo de sus familiares. Muchas de ellas tienen hijas/os y son las principales fuentes de recursos de sus familias. El sentimiento de responsabilidad maternal es uno de los factores más importantes que favorecen que las mujeres migren y escojan trabajar en la industria del sexo. Además, a menudo es la vía más rápida para saldar la deuda con las organizaciones que controlan las fronteras que les prestaron sus servicios para poder entrar en la Europa “fortaleza”.
Se podría afirmar que las mujeres eligen el trabajo sexual por los mismos motivos por los que deciden emigrar. En general suelen ser las necesidades económicas para mantenerse ellas y sus familias (muchas veces sus hijas e hijos están en sus lugares de origen) las que condicionan la decisión ante la falta de alternativas laborales rentables (Juliano, 2004: 200).
Parece que numerosas mujeres dominicanas y subsaharianas vienen con la intención de trabajar en el servicio doméstico o en trabajos manuales relacionados como lavar ropa o planchar. Sin embargo, las sociedades de acogida están muy mecanizadas y el mercado laboral no demanda tanto estos servicios. Ante las necesidades de sobrevivir en la ciudad recién conocida, de ganar dinero para enviar a sus familias y de saldar la deuda del viaje, si es que la tienen, inician su incursión en la industria del sexo (Juliano, 2004: 200).
Una investigación empírica sobre las trabajadoras sexuales magrebís en el barrio del Raval en Barcelona concluye que las trabajadoras sexuales que emigran lo hacen con el mismo objetivo que sus compatriotas masculinos (Carmona, 2000). Todas y todos ellos quieren mejorar su situación económica, conseguir mejores condiciones vitales y apostar por un proyecto de futuro.
La valoración del trabajo sexual que realizan las mujeres que se dedican es muy heterogénea y depende siempre de la persona. Algunas se sienten avergonzadas de su actividad y pueden sufrir por ello, pero otras lo viven con normalidad y sin el pudor característico de la sociedad de acogida. Muchas lo perciben como una actividad honrada, mucho más digna que la mendicidad (Juliano, 2004: 200) o que los pequeños delitos como los hurtos.
El trabajo sexual es el peor visto pero el mejor pagado de los trabajos precarios a los que pueden acceder muchas mujeres migrantes. Es paradójico que casi todas las energías sociales se dirijan a apartarlas (salvarlas en su discurso) de la opción más rentable de las que tienen a su alcance (Juliano, 2004: 128). ¿Por qué esas mismas personas no luchan por la mejora de las opciones laborales de las mujeres en lugar de querer modificar las decisiones autónomas de las trabajadoras sexuales? La mayoría de los discursos de salvación de las mujeres trabajadoras del sexo no incorporan elementos de análisis estructurales respecto al sistema económico global, a la pobreza del sur, a la precariedad del mercado laboral, etc. Simplemente visualizan la prostitución como en abstracto, sin, como proponía Juliano, contextualizarla en toda una estructura social, económica y de género.
El trabajo sexual puede tener algunas ventajas laborales para algunas mujeres. Es un trabajo que se caracteriza por su flexibilidad. Se puede trabajar a tiempo completo, a tiempo parcial u ocasionalmente. En muchos casos es un segundo trabajo del que obtener un sobresueldo. En el caso del trabajo en la calle, se puede conseguir dinero rápidamente, se puede elegir el lugar de trabajo, las condiciones, los horarios. Tampoco requiere formación formal. Son, en definitiva, las ventajas del sector informal de la economía. En sentido distinto, para algunas mujeres, un físico diferente al europeo puede ser también una ventaja en el mercado ya que muchos considerarán sus fenotipos como exóticos (Agustín, 2003: 35).
En Barcelona, las trabajadoras sexuales no tienen especiales problemas económicos o sanitarios (Juliano, 2004: 153). En general, tienen ingresos superiores al salario mínimo, que por otro lado es ridículo, y no es un colectivo especialmente afectado por problemas de salud. Son muy conscientes de los riesgos sanitarios de su actividad (ETS y Sida), como riesgos laborales, y toman medidas en consecuencia.
Sin embargo, negar las desventajas laborales del trabajo sexual supondría dar una visión demasiado sesgada y optimista de una realidad compleja donde muchos Derechos Humanos son vulnerados. Aunque el sector del sexo no es el único donde se vulneran Derechos Humanos, sí que sus trabajadoras son más vulnerables a tales violaciones por la discriminación sistemática que sufren y por estar excluidas de algunas prestaciones sociales.
Esta discriminación proviene del carácter clandestino del trabajo sexual y del estigma que sufren sus trabajadoras. La clandestinidad (o ilegalidad, según se mire) provoca que no existan protecciones laborales, no hay contrato, no hay prestaciones de la seguridad social, no hay sindicatos para exigir los derechos, etc. Tampoco reciben protección policial si son agredidas, robadas, violadas o coaccionadas . Los empresarios de los locales de alterne pueden imponer, y lo hacen en muchos casos, condiciones de trabajo abusivas (horarios muy largos, no días de descanso excepto cuatro días del período menstrual, bajas ganancias, no derecho a rechazar a un cliente, etc.), al no existir ninguna regulación que proteja sus derechos laborales. En definitiva, mayor vulnerabilidad ante agresiones, explotaciones y abusos de todo tipo.
Respecto a la salud, el Informe de TAMPEP (Proyecto Transnacional de Prevención del Sida/ETS entre Prostitutas Migrantes en Europa) (Brussa, 2004: 203) advierte que la ilegalidad del trabajo sexual y la clandestinidad a la que están obligadas las trabajadoras del sexo en la mayoría de países europeos hacen que las mujeres tengan menos control sobre sus condiciones de vida y menos agencia para controlar sanitaria e higiénicamente los servicios que ofrecen.
En otro sentido, la trabajadora experimenta un proceso de aprendizaje cuando empieza a trabajar, esto hace que al principio no haya desarrollado las estrategias y las habilidades para escapar de conflictos y de agresiones (Agustín, 2003: 36). Al comenzar con esta actividad están más expuestas a robos, golpes y violaciones, a controversias con otras compañeras, a enfrentamientos con la policía, etcétera.
Finalmente, otra desventaja es la dificultad de mantener estable el estado emocional dadas, por un lado, la fuerza que tiene el estigma de “puta” socialmente y lo arraigado que puede llegar a estar en el imaginario de la propia trabajadora (algunas se sienten culpables, se avergüenzan ante ellas mismas o sus familias, etc.) y, por otro, por las condiciones duras y a veces marginales en que puede realizarse este trabajo.
Es necesario advertir aquí que se han de evitar algunos prejuicios respecto a las trabajadoras sexuales inmigrantes. Se suele identificar a la “prostituta migrante” con el trabajo de la calle, pero esto no es así. De hecho hay estudios empíricos que afirman que la prostitución de calle es tan sólo una cuarta parte de la total. Las mujeres migrantes se encuentran en todos los niveles de la industria del sexo. Otro estereotipo es pensar que sólo hay dos posibilidades, o la trabajadora libre o la persona semi-esclavizada. Suelen existir multitud de situaciones muy variadas entre estos dos extremos (Agustín, 2003: 34) como más adelante intentaré esclarecer.

Breve referencia al marco legal
En el Estado español la prostitución no está oficialmente legalizada ni ilegalizada. Forma parte del llamado sistema abolicionista desde un Decreto franquista de 1956. Esto supone que no existe intervención del Estado en la actividad cuando ésta es voluntaria, tan sólo cuando hay proxenetismo, delito que ha vuelto a estar tipificado en el Código Penal (art. 188.1 ) desde una reforma del 2003.
Sin embargo, sí que existe una regulación de facto en algunos aspectos que en ningún caso está dirigida a garantizar los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales. En primer lugar, algunas Comunidades Autónomas han dictado normas que regulan los locales de alterne. Catalunya dictó un Decret en el 2002 estableciendo algunas normas de higiene, de infraestructuras, etc. de los mencionados locales. El Ajuntament de Barcelona también ha promulgado una norma, en este caso, una Ordenança Municipal del 2003 que desarrolla el Decret de la Generalitat para regular los locales de alterne de la ciudad.
En segundo lugar, existe una regulación, cercana a la criminalización, de las zonas de la ciudad donde se tolera o se persigue el trabajo de las prostitutas, especialmente me refiero al de la calle. Son las presiones vecinales, los intereses comerciales, económicos y turísticos los que determinan en qué zonas se permite el ejercicio y en qué zonas no. La zonificación se lleva a cabo mediante tres mecanismos, todos ellos policiales. En primer lugar, la mera presencia de patrullas policiales inhibe a los clientes acercarse a esa zona y se provoca, así, el desplazamiento de las trabajadoras. En segundo lugar, con la actuación de la Policía Nacional en los controles sobre extranjería a las mujeres que están trabajando donde no conviene. Se les pide la documentación, se les interna en el Centro de Internamiento para Extranjeros de la Verneda y se las expulsa. Y, finalmente, en el caso de la ciudad de Barcelona, mediante la denuncia de la Guardia Urbana por algo tan curioso y ambiguo como el “uso abusivo del espacio público más prostitución” en virtud de una Ordenança municipal sobre uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona de 1998 .
Al no reconocerse la prostitución como una actividad laboral, la obtención de permiso de trabajo deviene imposible para las mujeres trabajadoras sexuales que permanecen en situaciones de irregularidad por mucho tiempo. Estas mujeres no pueden dejar de estar bajo esta situación ilegal porque su actividad no está reconocida como trabajo. Esto causa un círculo vicioso que incrementa su vulnerabilidad y su precariedad, hecho que genera estrés y nerviosismo, ya que siempre existirá el riesgo de ser internada y quizá expulsada.
Y es que las trabajadoras del sexo inmigrantes viven bajo un riesgo permanente de expulsión. El trabajo en la calle las hace mucho más visibles ante la Policía, utilizándose, como ya se ha explicado, la cuestión de extranjería como justificación para su acoso y dispersión. En un sentido similar, la propia Ley de Extranjería en su artículo 54 establece que cualquier actividad en contra del orden público es una falta grave que es sancionada con la expulsión. Esta expresión tan tramposa posibilita que trabajar en la industria del sexo sea castigado con la mayor sanción de la Ley, la expulsión.
Si pensamos en posibilidades futuras que mejoren esta realidad, además de reconocer el trabajo sexual como actividad laboral, Juliano (2004: 211) y otros muchos autores, propone otorgar el permiso de trabajo por la mera residencia, ya que la fijación de cupos, como se hace actualmente para otras áreas económicas, es algo más complejo en este sector y podría favorecer el proxenetismo.


La deconstrucción de los discursos sobre “tráfico de mujeres”
La campaña en contra del “tráfico de mujeres” ha alcanzado una relevancia mundial, sobre todo entre feministas de Europa y de Estados Unidos, en las dos últimas décadas. Sin embargo, las preocupaciones modernas respecto a la prostitución y al “tráfico de mujeres” tienen un precedente histórico en las campañas contra la trata de blancas que tuvieron lugar a finales del siglo XIX. Mientras que las preocupaciones actuales se focalizan en la explotación de las mujeres del llamado “tercer mundo” por parte de los hombres occidentales y por sus compatriotas, la inquietud del siglo XIX aparecía ante la abducción de mujeres europeas para ejercer la prostitución en Sudamérica, África u Oriente por hombres no occidentales.
Pese a la existencia de alguna diferencia, por ejemplo que en la actualidad la sociedad que se ve como degradada es la de origen y no la de acogida, puede constatarse que la retórica de ambas campañas suenan de una manera similar. Entonces como ahora, la imagen paradigmática de la mujer traficada es aquella joven inocente que ha sido engañada por traficantes malvados y a la que han obligado a entrar en una vida de sórdido horror de la cual escapar es casi imposible. Sin embargo, esta descripción no es ajustada a la realidad.
Por este motivo, hay autoras, como Doezema (2000), que afirman que los discursos y las narraciones sobre el “tráfico de mujeres”, como la antigua versión de la “trata de blancas”, funcionan como mitos culturales. Y los mitos culturales construyen concepciones concretas sobre el fenómeno migratorio que simplifica extraordinariamente la realidad (si es que la realidad existe). Ambos mitos son construcciones culturales que corresponden a profundos miedos e incertidumbres sobre la identidad nacional, la creciente autonomía de las mujeres, los extranjeros y la gente del “tercer mundo” de cada época.
En el siglo XIX, el mito de la “trata de blancas” empezó a circular en el momento en que las mujeres empezaron a emigrar en gran número hacia, sobre todo, América (Argentina y Estados Unidos principalmente). Sus discursos fueron monopolizados por reformadores sociales puritanos e hicieron alianzas con moralistas represivos y religiosos. La prostituta fue construida como víctima, como una “esclava blanca”. La “inocencia” de la víctima se estableció a través de varios recursos retóricos: resaltando su juventud o virginidad, su piel blanca, su rechazo a ser prostituta, etc. Así, por un lado, se resaltaba la debilidad y la pasividad femenina y, por el otro, la imagen de la “esclava blanca” encajaba a la perfección en las concepciones racistas de los americanos y de los europeos, salvaba “el honor nacional, la moral puritana y el orgullo racial” (Juliano, 2002 bis: 125). Una mujer blanca sólo podía someterse al comercio sexual con hombres extranjeros no blancos bajo coerción.
Al afirmar que el “tráfico de mujeres” es un mito, no niego que hay mujeres que son engañadas cuando viajan para trabajar en la industria del sexo en occidente o que existan disonancias entre sus expectativas y la realidad laboral que después se encuentran. Por el contrario, se dan numerosos casos, en mayor o menor medida, de explotación laboral, de condiciones de trabajo que no respetan los derechos de las trabajadoras, e incluso de violencia y de trabajo bajo condiciones muy parecidas a la esclavitud. Sin embargo, la realidad es muchísimo más variada de lo que los conceptos “tráfico” o “trata” describen.
Las situaciones en que las mujeres se encuentran están muchas veces llenas de ambigüedad. La explotación no está ausente, como no lo está de casi ninguna actividad laboral humana en el sistema capitalista globalizado, pero la mayoría de las mujeres han decidido autónomamente dedicarse al trabajo sexual, al que consideran un ámbito laboral legítimo y fuente de independencia económica y, por tanto, de autoestima (Juliano, 2004: 152).
En 1996, un informe que llevaron a cabo la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW, en Tailandia) y la Foundation Against Trafficking in Women (en Países Bajos) a petición de la Reportera Especial para Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer afirmó que la mayoría de los casos de tráfico involucraban mujeres que sí conocían que iban a trabajar en la industria del sexo, pero que eran engañadas respecto a las condiciones en las que trabajarían. También concluía este Informe que la abducción con el objetivo de traficar en la industria del sexo es muy rara (Doezema, 1998: 44; 2000: 26).
Por tanto, la dicotomía “voluntaria” – “forzada” no representa la totalidad de situaciones, variadas, ambiguas y complejas (Agustín, 2003: 150). Y es que ante la intolerancia de los países occidentales con las necesidades de estas mujeres y con el deseo de dejar sus países y las dificultades que ello genera para su proyecto migratorio, algunas mujeres aceptan los servicios que les ofrecen agentes intermediarios. Estos agentes, pertenecientes a un nuevo sector económico sumergido en auge, pueden ser desde familiares y amigos, pasando por nuevos conocidos o empresarios, hasta redes mafiosas criminales. En el imaginario colectivo influido por lo que llama Azize (2004: 168) el “enfoque trafiquista”, cualquier tipo de apoyo para el viaje se le atribuye iguales niveles de violencia y engaño considerándose trata (Juliano, 2004: 195). Como vemos, la realidad es mucho más heterogénea.
Los servicios de estos intermediarios (documentos falsos, viajes a través de la frontera, contactos e información en el país de destino, etc.) suelen costar altas sumas de dinero y si la mujer que migra no lo tiene, tendrá que endeudarse si quiere proseguir su proyecto migratorio. Los préstamos son comunes en los proyectos migratorios (Agustín, 2003: 49).
Muchas mujeres trabajadoras sexuales no se describen como “forzadas” ni sin otra opción en la vida. Tendrán menos opciones que otras personas, pero siempre tienen algunas. Siempre hay una elección posible, aunque esté condicionada por constricciones económicas, de género, clase, etnia y por la situación social y política de su lugar de origen (guerra, dictadura, crisis, guerrillas, etc.) (Agustín, 2003: 26).
De esta manera, los discursos sobre el “tráfico de mujeres” son un mito porque sus narraciones excluyen cualquier tipo de autonomía de las mujeres . La desposesión de la capacidad de actuar, decidir o evaluar por sí mismas es lo más definitorio de la condición de exclusión social que estos mitos tenderían a reproducir (Juliano, 2003: 29). Las mujeres del “tercer mundo” son descritas por estos discursos como pobres, inocentes y sin poder, incapaces de actuar como sujetos activos en sus propias vidas o de tomar una decisión de trabajar en la industria del sexo sin ser coartadas . Analizadas de esta manera, las migraciones femeninas son vistas exclusivamente en términos negativos, como una escapada desesperada de condiciones intolerables sin capacidad de tomar de forma reflexiva una decisión autónoma.
¿Por qué el pensamiento tradicional paternalista considera a las mujeres migrantes como víctimas forzadas y coaccionadas? ¿Por qué no se les reconoce la misma capacidad de decisión o de agencia que a sus compatriotas? ¿Por qué se ven a las mujeres como menores?
Por el contrario, considero que las mujeres, trabajadoras sexuales u otras, tienen el derecho a emigrar y tienen el derecho a buscar mejores condiciones vitales allí donde quieran. Las mujeres tenemos la agencia suficiente y el poder para tomar decisiones y para llevarlas exitosamente a cabo, incluso si es trabajando en la industria del sexo en los llamados “países ricos”.
La mayoría de las mujeres inmigrantes no confían en el sistema policial del lugar donde viven. Algunas veces, no entienden la lengua local; otras, no conocen las leyes y la policía es vista como un enemigo que puede descubrir su situación de ilegalidad y expulsarlas. El miedo a la expulsión es tan colosal que prefieren casi las nefastas condiciones bajo las que pueden estar trabajando que volver a su país de origen. Además, tienen miedo de las posibles represalias de las mafias. Parece que muchas opinan que no oponer una resistencia abierta es mucho más inteligente.
Existe un artículo en la Ley de Extranjería, el 59, que permite a las trabajadoras sexuales que están sometidas a mafias obtener el permiso de residencia y de trabajo si las denuncian. Esta protección a las mujeres migrantes trabajadoras del sexo se otorga si, como dice Mestre (2004: 258) renuncian a su autonomía dos veces, respecto a la entrada en el Estado español o Europa, y respecto a su trabajo en la industria del sexo, y lo hacen de forma pública, vía denuncia.
Se encuentran opiniones muy diversas respecto al funcionamiento de este artículo. En algunos casos no se aplica porque la mujer no lo sabe y no lo solicita, porque el Ministerio Fiscal no inicia el trámite o porque las instituciones no encuentran a la mujer tras la finalización del proceso penal. También, aparecen problemas respecto a la atención jurídica, económica, de alojamiento y psicológica de la mujer. El artículo no dice nada y el programa de protección de testigos no tiene en cuenta la especificidad de la situación de estas mujeres. En cualquier caso, parece que la asistencia de un/a abogada/o que gestione la obtención de los permisos y evite estas disfunciones del sistema judicial se hace imprescindible.
Para Juliano (2004: 192), cuando se desarticula una red mafiosa, conocida periodísticamente como una “trata”, las mujeres terminan siendo más castigadas con la expulsión que sus presuntos explotadores. Pareciera, entonces, que no se aplica demasiado este art. 59. Mestre constató que en cuatro años tan sólo se habían otorgado permisos de residencia y de trabajo a 48 mujeres.
Así, para concluir, considero que las retóricas sobre el “tráfico de mujeres” deberían ser reemplazadas por un discurso de los Derechos Humanos, que subrayase el papel de las leyes que prohíben o regulan la prostitución y las migraciones como provocadoras de situaciones opresivas y discriminatorias para las mujeres. Reducir el problema a estrategias de engaño y coacción es una forma cobarde de evitar tener una opinión crítica respecto a las políticas migratorias de Europa, respecto a la estructura patriarcal y respecto al sistema económico que condena a las mujeres migrantes, también a las autóctonas, a vivir bajo condiciones económicas muy precarias y con muy escasas opciones laborales.


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