Otra bofetada

Isabel Dorado Auz

Recien inaugurado el gobierno estatal de Guillermo Padrés, el primer indicio que nos brindó es que el boursismo se amplia hasta diciembre y, si Abel Murrieta quiere, podría extenderse todo el sexenio. Eso pasó nivel local, pero a nivel nacional los poderes fácticos se encargaron de mandatarle al PRI la nominación de Chavez Chavez como procurador general de la República. Esto es, un golpe de estado de los poderes fácticos a través de sus “instituciones”.

Vamos a pasos agigantados a equipararnos con lo que está pasando en Honduras, donde la ambición desmedida de los empresarios locales los llevó a desconocer a un presidente constitucionalmente electo y, sin necesidad de fraude, apoderarse del poder a través de un golpe de estado totalmente repudiado, oficialmente, por todos los países del planeta. En México, sin embargo, ese disfraz que proporcionan las “instituciones” del sistema neoliberal no han alcanzado el nivel de repudio que se presenta en Honduras, pero cada vez más los organismos internacionales (UNICEF, ONU, CIDH, etc) están dando cuenta de todas las arbitrariedades cometidas por las “fuerzas del orden” en contra de los movimientos ciudadanos que protestan en contra de las medidas de gobierno que están profundizando la pobreza en nuestro país.
Como la crisis afecta principalmente a las clases más desprotegidas, de manera natural empiezan a surgir brotes de insurgencia popular. Primero se da a nivel de las clases medias y posteriormente se empieza a escalar un nivel de organización superior que, por supuesto, pone en riesgo al “orden establecido”. Por ello, los poderes fácticos empiezan a presionar al gobierno para que ponga “orden” y de manera natural empiezan a proponer a personas que no tengan un prestigio que perder para que encabecen los órganos de represión. No es, por tanto, sorprendente que los prianistas, quienes les deben su hueso a quienes los patrocinaron, promuevan a personajes desacreditados por la sociedad para que se pongan al frente de instituciones que debieran garantizar los derechos y garantías individuales consagradas en nuestra constitución. Más aún, en la medida de lo posible, hacen uso de personajes “izquierdistas” para desacreditar cualquier intención de un liderazgo triunfal de los verdaderos opositores al sistema.
Se está pues, institucionalizando la corrupción en México y traerá como consecuencia el regreso a los tiempos de la Guerra Sucia de los años sesenta y setentas del siglo pasado. De hecho, se profundizará esta Guerra Sucia que inició en el Periodo de Carlos Salinas de Gortari y que los gobiernos subsecuentes, incluidos los de procedencia panista, han mantenido latente, pero que va escalando de manera preocupante. Casos como los de Aguas Blancas, Acteal a nivel de luchas sociales; o bien, la embestida feroz en contra de las luchas sindicales (primero Cananea y ahora el Sindicato Mexicano de Electricistas), así como el asesinato de periodistas y líderes políticos nos llevará a un nivel de enfrentamiento superior que solo podría detenerse si se contara en nuestro país con políticos que representaran dignamente a su pueblo.
Por todo lo anterior, es recomendable que quienes participamos en la lucha social conservemos por siempre nuestras manifestaciones pacíficas y no le demos motivos a los órganos represores para que se ensañen contra nosotros. En general, la represión tiene dos tiempos, el primero que les ofrece un “éxito” inmediato a quienes la llevan a cabo, ejemplo los responsables del golpe de Estado en Honduras, y el segundo que es producto de la conciencia generada y que representa un triunfo más sólido de un nuevo sistema de gobierno con mejores perspectivas para los integrantes de una nación.
Por eso, no debemos claudicar en denunciar las arbitrariedades de la derecha de nuestro país y cuestionar la forma tan burda como pretenden reprimirnos. Es necesario, pues, mandar mensajes claros en torno a nuestro desacuerdo con las nominaciones que están haciendo los poderes fácticos. Por ello, es muy importante que la acción de protesta de este miércoles 30 de Septiembre para exigir la renuncia inmediata de Abel Murrieta, sea el inicio de una serie de acciones que tengan como objetivo fundamental el detener la criminalización de la protesta social.