Un caso más de expoliación

Gilberto Balam Pereira
La industria eléctrica

Ya se sabe, pero no está por demás revisar el doloroso despojo de que son objeto los obreros electricistas y el pueblo propietario del recurso natural. El gobierno federal no pretende otorgarle a LFC y al SME la concesión de la infraestructura de fibra óptica, verdadera manzana de la discordia.
En el fondo de este problema se encuentra un conflicto de interés por parte de Canales Clariond, y de Ernesto Martens, del exprocurador panista Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre y de Salvador Canales, quienes han contratado el bufete jurídico de Fernández de Cevallos para elaborar la chicana del despojo.


Desde abril pasado, el director de Luz y fuerza se reunió con estas personas para definir el plan y la estrategia para apoderarse de LFC, la infraestructura de la fibra óptica, del SME y la CFE. Todo un plan tendiente a la privatización.
La utilización de la fibra óptica abarataría el costo de esos servicios con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex y Cablevisión.
El plan ofrece el servicio Power Line Communication (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Una vez dada la privatización se podrá ofertar servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e información de “cualquier naturaleza”.
Detrás del golpeteo al Sindicato de trabajadores de LFC está prioritariamente la disputa por la concesión de la red de mil 100 km de fibra óptica, propiedad de LFC para instalar, operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.
La historia data de julio de 1999 cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán le otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de CV, la concesión para explotar la infraestructura de la fibra.
En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens- la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.
No es de extrañarnos las triquiñuelas plagadas de mentiras de que se valen las autoridades para la expoliación de la energía eléctrica, están utilizando el conflicto interno del sindicato para finiquitar la LFC, privatizarla y poder operar desde el gobierno federal la red de fibra óptica.
En el fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato.
Es una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía sindical. La intervención a LFC se dio como estaba previsto mientras agentes de Gobernación y de la Policía Federal vestidos de civiles están amedrentando a los trabajadores.
Se prevé la fusión de LFC con la CFE, lo que equivale a la privatización de la industria, aunque Fecal a través de los medios afirme lo contrario. Quiere alegar exigencias desmedidas de los trabajadores electricistas para golpearlos liquidándolos con el salario miserable de 32 meses. Pero el gobierno de Fecal no la tiene fácil. La resistencia de los trabajadores es encomiable y significativa y la lucha está presente con el apoyo de los sindicatos, organizaciones civiles, estudiantes y trabajadores.