Big brother criminal

* Proponen acabar con la vida privada

En Los Pinos preparan un proyecto de ley antisecuestro que abre las puertas a que la policía entre legalmente a los domicilios de los mexicanos y colocar micrófonos ocultos, sin conocimiento de los ciudadanos

Peligroso instrumento en manos de un cuerpo policiaco permeado por la corrupción y penetrado por la delincuencia organizada

MEXICO, D.F., 28 de noviembre (Reporte Indigo/Félix Arredondo).- ¡Cuidado! Que no se le ocurra dejar su casa sola y sin vigilancia. Su ausencia podría ser aprovechada, no solo por los delincuentes, sino también por la policía, que podrá entrar legalmente a su domicilio, sin que usted se entere, para instalar micrófonos ocultos.

Por insólito que parezca, en Los Pinos existe un Proyecto de Ley Antisecuestro que el presidente de la República podría enviar próximamente al Congreso.
La iniciativa con proyecto de decreto para la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, nada más está esperando la firma del espurio Felipe Calderón para ser sometida al análisis del Poder Legislativo.
Según la exposición de motivos, el proyecto pretende que "las leyes e instrumentos con los que cuenta el Estado para combatir la delincuencia sean acordes con la realidad".
Entre otras novedosas facultades, el artículo 29 señala que "el Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".
¿En qué condiciones se podrán aplicar estas medidas? Basta el simple hecho de que usted o su familia sean sospechosos, a juicio de las autoridades, de estar involucrados en un caso de secuestro.
La nueva ley está plagada de preceptos que serían envidiados por la Gestapo, la Stasi y la KGB.
El proyecto de ley define en su artículo 6 lo que estaríamos obligados a entender por "inteligencia policial".
Señala que es "el conocimiento obtenido a partir de la recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de la información para prevenir el fenómeno delictivo relativo a las conductas sancionadas en esta Ley".
Con esta definición, el gobierno pretende legalizar todos los procedimientos a los que hoy recurren las corporaciones policiacas para obtener información.
Dicho en otras palabras, la "inteligencia policial" aglutinaría todas las actividades de espionaje e interrogatorios que ya realiza la policía al margen de la ley.
Si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por el Congreso de la Unión, serían legales las intervenciones telefónicas y a distancia, así como el allanamiento de domicilios para ocultar micrófonos.
Además, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier Ministerio Público del país y sin mandamiento judicial de por medio.
Por si esto fuera poco, "la inteligencia policial" incluye la autorización para que los elementos policiacos se infiltren en las bandas de secuestradores y delincan impunemente.
Según la propuesta de ley, las instituciones policiales "producen la inteligencia".
Y para hacerlo, podrán hacer uso de cualquier método, pero sin "afectar en ningún caso las garantías individuales, ni con los derechos humanos.

Sancionar a los asesores
No deja de sorprender la pretensión de considerar secuestrador al asesor profesional contratado por los familiares de las víctimas de secuestro, en caso de que dicho consultor no proporcione información a la policía.
¿Acaso no está claro que las familias de los secuestrados recurren a asesores privados precisamente porque no se puede confiar en la policía?
Además, aunque ya lo hace la policía, este proyecto de ley pretende legalizar la violación del derecho a la privacidad.
Para nadie es un secreto que las policías mexicanas recurren a la intervención telefónica, no solo para investigar delitos, sino también para allegarse información política y de todo tipo.
Aunque las leyes mexicanas ya prevén la intervención de las telecomunicaciones como parte de la investigación de determinados delitos, y en circunstancias especiales, la iniciativa del presidente busca "legalizar" todo tipo de intromisión en la vida privada de los ciudadanos.
Si la ley pasa, la policía no tendrá que limitarse a escuchar conversaciones, ya que también podrá grabarlas. Y ni siquiera tendrá que probar que la persona espiada es delincuente.
Bastará partir de ciertos indicios, como la información revelada a través de una llamada "anónima" y supuestamente corroborada por la policía.
Pero la violación del derecho a la privacidad no para ahí.
También se faculta a la autoridad para pedir toda clase de información a las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Estas compañías estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier funcionario autorizado por el Ministerio Público federal o local. Y lo tendrían que hacer aunque no existiera una autorización judicial.
Cualquier agente del Ministerio Público podrá tener acceso a todos los números telefónicos vinculados a una persona, tanto de llamadas hechas como recibidas. Sabrían nombres, domicilios, horarios, etc.
Con estos datos, se podría construir fácilmente el conjunto de relaciones de una persona.

Big Brother
Si usted está hablando por teléfono en su oficina, en su auto o hasta en su casa, cuídese de decir algo que un "inteligente" policía pudiera interpretar como un asunto vinculado a una conducta delictiva, que no necesariamente tendría que ser un secuestro.
Y es que de acuerdo con la propuesta de la nueva Ley Antisecuestro, las grabaciones obtenidas "producto de la inteligencia policial", deberán formar parte de otras averiguaciones previas en caso de que el Ministerio Público considere que se han cometido otras conductas delictivas.
Una plática con su asesor fiscal, por ejemplo, pudiera ser interpretada como una tentativa de defraudación fiscal.
En caso de ser aprobada la ley, ni siquiera los secretos de confesión estarán seguros, ya que los sacerdotes estarán obligados a revelar las confidencias de los fieles cuando la autoridad considere que dicha información puede poner en peligro la vida de alguien.
En esos casos, los sacerdotes ya no podrán acogerse a la excepción que establecen los artículos 243 y 243 Bis del Código de Procedimientos Penales.
Lo mismo va para los abogados, periodistas y todos aquellos que, debido a su trabajo, pudieran tener, a juicio de la autoridad, información relevante para resolver ciertos casos.
Además, los elementos policiacos también podrían actuar
como delincuentes.
En caso de que los "agentes infiltrados" sean detenidos en la comisión de algún delito, no podrán ser sancionados porque están cumpliendo con su deber, según la ley.

La 'nómina' del soplón
El soplón a sueldo deja de ser un personaje de las películas hollywoodenses, para convertirse en un personaje real de la investigación criminalística mexicana.
Conforme a la iniciativa, el soplón tendrá derecho a recibir una recompensa, pero nadie sabrá su identidad, solamente el Ministerio Público.
La ley también propone la cadena perpetua para los secuestradores y el uso de un brazalete electrónico para los delincuentes que hayan compurgado una sentencia por este delito.
Dado que el Ejecutivo propone esta ley como reglamentaria de la Constitución General de la República, sería de observancia general en todo el país en caso de ser aprobada.
Por lo tanto, todas las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, estarían obligadas a su observancia, con independencia de lo que dispongan las leyes locales.
¿Habrá alguien que de verdad piense que estas disposiciones ayudarán a abatir el secuestro?
¿O nos encontramos ante el riesgo de que las bandas de la delincuencia organizada, muchas de ellas ya instaladas en las corporaciones de seguridad, sean dotadas de más instrumentos e información para seguir actuando impunemente?