Intimidó el ejército a la defensora de derechos humanos

CIMAC Cinco soldados apuntaron sus armas contra la defensora de derechos humanos Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense (FCS), la medianoche del pasado 10 de noviembre, fecha en que los integrantes de la Novena Zona Militar de Culiacán, Sinaloa se presentaron en el domicilio de la activista y lo allanaron. La explicación que dio el ejército fue que había rastreado el domicilio de Mercedes Murillo Esquer debido a que un vehículo que perteneció a la familia había sido encontrado en una "circunstancia ilícita." Cabe señalar que los cristales del vehículo en cuestión fueron blindados por Miguel Murillo, sobrino de Mercedes, tras la muerte de Ricardo Murillo, hermano de la activista. De este hecho se notificó al general Noé Sandoval Alcázar. Posteriormente, la unidad fue vendida y las placas fueron dadas de baja. De acuerdo con el ejército, sus elementos buscaban al propietario del auto, quien no tiene relación con la familia Murillo; pero, contradictoriamente, la institución castrense no le dio seguimiento a la investigación. La presidenta del Frente Cívico Sinaloense calificó este acto de intimidatorio y alertó sobre este hecho y las anteriores agresiones que ha sufrido. Asimismo, informó que solicitó una cita con el general de la Novena Zona Militar, por medio de las autoridades locales, para aclarar el asunto antes de denunciarlo ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llegaron a Sinaloa para indagar el suceso y señalaron que no descartarán actos de intimidación en contra de Mercedes Murillo, quien ahora podría ser beneficiada con medidas cautelares. Es necesario señalar que, dadas las persistentes agresiones que han sufrido tanto la defensora de derechos humanos como los integrantes del Frente Cívico Sinaloense por denunciar constantemente los abusos y las violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército en la lucha contra el crimen organizado y por cuestionar la impunidad que genera la extensión del fuero militar, organizaciones defensoras de derechos humanos han emitido denuncias, acciones y pronunciamientos para resguardar la integridad física de los integrantes de la organización civil.

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