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–Como todo mundo sabe, el origen de este conflicto se debe a los privilegios del sindicato de electricistas –dice una locutora en la radio con voz un poco chillona.
¿Qué es lo que sabe todo mundo?
Hace escasos cinco minutos la Secretaría de Gobernación intimida a los trabajadores electricistas informándoles que se porten bien en la próxima manifestación o que se atengan a las consecuencias, y cada media hora un anuncio del gobierno federal invita a los electricistas a que recojan su liquidación, porque si no, se van a quedar sin nada. Poco después, un grupo de conocidos panelistas da vueltas interpretativas al conflicto; durante media hora analizan si el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puede sumar nuevas fuerzas, si el PRI se va a desinteresar huyendo del asunto, si se está sacrificando al secretario del Trabajo; pero nunca, ninguno de ellos va al corazón del asunto, nunca se hará en voz alta la pregunta clave: ¿quién tiene razón? ¿El gobierno al disolver Luz y Fuerza del Centro o los electricistas al defender sus puestos de trabajo?
Pareciera nuevamente que lo esencial les importa un bledo. Que todo mundo sabe
.
Y así ha sido a lo largo de un mes, el bombardeo, los argumentos reiterados, pero nunca explicados, las nubes de humo, las verdades a medias, las mentiras completas
.
Hacía mucho tiempo que la maquinaria del Estado no nos soltaba a los perros de la guerra del verbo y de la tecla, con la intensidad con la que los ha lanzado.
Con todo cinismo nuevos promocionales de radio habrían de aparecer con la anónima voz de aquella que promete que ahora sí
no nos van a cobrar de más y que ahora sí
… Y trabajaban sobre la parte dolida de los consumidores que habían estado sometidos a los abusos de la compañía durante años.
Pero, ¿para corregir estos abusos había que disolver la empresa y desaparecer el sindicato? ¿Eran los trabajadores ahora despedidos masivamente responsables?
Los argumentos de Calderón –pues ésta, sin duda, era una apuesta presidencial que llevaba tras de sí a los secretarios de Trabajo, Energía y Gobernación– eran, además de reiterativos, muy extraños.
Decía que el sindicato no era democrático, las pasadas elecciones internas habían sido confusas y estaban siendo criticadas por la oposición. ¿Y luego? ¿Era ése un argumento para disolver la empresa? ¿No era representativo? ¿Y entonces cómo se explican este mes de resistencia, esta participación masiva de los trabajadores, a pesar de represalias, amenazas?
Decía que la empresa no era eficiente.
Sin duda, se trataba de una empresa ineficiente que operaba con números rojos y que ofrecía un servicio en muchos casos mediocre y doloso a los consumidores. Bueno, resulta un argumento un tanto discutible, porque con parámetros como ése, por qué no disolver Pemex, la Secretaría de Hacienda o la propia Presidencia de la República, cuya ineficiencia a lo largo de estos años se mostrado de una manera patética.
Ambas afirmaciones eran verdad relativamente, y se convertían en una potente mentira cuando atribuía a los trabajadores su causa.
¿Era ineficiente? ¿Por qué entonces no se había despedido mucho antes a los directores generales, a los gerentes, a los directores de las sucursales? ¿Por qué el desastre en la facturación, que en la mayoría de los casos dependía de los empleados de confianza y que había mantenido en estado de permanente irritación a los usuarios no se había corregido desde arriba?
Pero la liquidación de la empresa costaba millones, muchísimos millones de pesos. ¿No habría nada mejor en qué gastarlos? ¿No era todo absolutamente absurdo? ¿No era mejor tratar de ajustar una empresa deficitaria que liquidarla con inmensos costos? ¿No resultaba delirante poner en la calle a 44 mil 514 trabajadores en un momento en que la nación lloraba por el desempleo?
Porque la materia de trabajo persistía. Había que seguir dotando de energía a millones de mexicanos. Entonces, ¿por qué destruir la empresa?
Resultaba insultante hablar de los altos salarios de los trabajadores (¿a usted le parece escandaloso hablar de 5 mil pesos mensuales para pagar a un trabajador especializado?), obtenidos a lo largo de 70 años de lucha, en una sociedad en la que un alto funcionario gubernamental tiene salarios de escándalo.
¿Y no era deficitaria la empresa, entre otras cosas, porque le pagaba muy caro a la Comisión Federal de Electricidad la energía que luego distribuía? ¿Y no era deficitaria porque se le daba luz gratis a Los Pinos, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Agricultura, Trabajo, Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República? ¿No había grandes hoteles que por decisiones superiores no pagaban la luz y periódicos y empresas como Nextel, Aurrerá, Suburbia, Radio Móvil Dipsa, Salinas y Rocha y Electra y hasta la Torre Mayor de Reforma?
¿Quién daba las órdenes para que unos pagáramos y otros no?
¿Eran los trabajadores los que permitían tarifas desorbitadas para algunos?, ¿errores permanentes en el cálculo de lo que se gastaba?, ¿tarifas de privilegio o conexiones directas para otros? ¿O eran gerentes generales, directores, directores de sucursales?
¿Y por qué esta urgencia de liquidar? ¿Y por qué la oferta de recontratar? ¿Por qué si el origen fue el conflicto laboral desde seis meses antes se estaba entrenando a miembros del Ejército en el cableado subterráneo?
Había argumentos, pero sin lugar a dudas eran falsos. El gobierno de la nación mentía.
Y los mexicanos, que somos paranoicos porque sabemos que la injusticia nos persigue, nos preguntábamos y nos seguimos preguntando: ¿qué es lo que no brilla en la superficie?
Parecía evidente que el gobierno al disolver la empresa tenía como interés principal destruir a un sindicato democrático y tras esta medida proceder a una privatización de parte del sector eléctrico. Querían abrir las futuras redes digitales a empresas trasnacionales en alianza con grupos empresariales mexicanos. ¿Es cierto que una empresa llamada WL Comunicaciones, propiedad de connotados panistas como los ex ministros de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens tiene ya un contrato para desarrollar mil 500 kilómetros de redes? ¿Es cierto, como se ha señalado con frecuencia, que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, ha estado involucrado en negociaciones con empresas españolas para privatizar el sector?
No voy a entrar en el debate legal, un montón de abogados constitucionalistas lo han hecho, y lo harán mejor que yo; me limito a señalar verdades y mentiras en lo que es un debate político, un problema moral.
Al concluir el mes que el secretario Lozano había ofrecido como plazo para que los trabajadores del SME se liquidaran, el gobierno había ganado parcialmente las batallas jurídicas, había conquistado a una parte de la opinión pública con el miserable bombardeo mediático y había perdido dos batallas políticas trascendentales: no había podido lograr que la mayoría de los trabajadores se retirara de la lucha y enfrenta una fuerte movilización solidaria que se va endureciendo.
A pesar de las cifras que se ofrecen, 22 mil 65 trabajadores han demandado al gobierno pidiendo la reinstalación de su trabajo coordinados por el sindicato, y otros 3 mil 700 lo han hecho de manera individual; a los que habría que sumar 14 mil jubilados que también se ampararon.
Y esto a pesar de las presiones de que no se encontraban preparados al inicio de la lucha, de que no había fondos de resistencia, de que los dineros sindicales están bloqueados ilegalmente y de que llevan un mes sin cobrar.
Y a pesar de la inmensa cantidad de palabras que al tema se han dedicado, hay decenas de preguntas que no se han hecho y muchas que no se han contestado. ¿Quién está suministrando el fluido eléctrico al valle de México bajo protección de miles de policías? ¿Es verdad que no hay trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Tan sólo técnicos de confianza que dirigen cuadrillas y empresas patito a las que se les han prometido futuros contratos. ¿No se ha producido ya de hecho una privatización? ¿Es cierto que algunas de estas empresas han traído trabajadores extranjeros, se dice que de Guatemala y Honduras, y que no tienen permisos de trabajo? ¿Está el gobierno violando las leyes laborales con todo descaro? ¿Qué salarios tienen estos trabajadores? ¿Qué contratos? ¿Es verdad que a lo largo de este primer mes de conflicto han muerto trabajadores en accidentes y esto se ha mantenido oculto?
Con toda la información anterior en las manos, uno no puede impedir llegar a la siguiente conclusión:
El gobierno mexicano montó una conspiración para privatizar la distribución de energía eléctrica en el valle de México y estados cercanos, para destruir un sindicato democrático que le estorbaba en el proceso; no se tocó el corazón para despedir a 44 mil trabajadores en una época en que crece el desempleo, gastó y gastará millones y millones de pesos de manera absurda. Y para lograr estos objetivos violó las leyes, engañó y mintió a los mexicanos.
He estado en las dos movilizaciones de los electricistas, la del 15 de octubre y la del 11 de noviembre, y me he encontrado marchando con unos mexicanos como yo, profundamente irritados, que no van a dar marcha atrás, muchos miles, muchos, muchos miles.
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