Informe 2009 Amnistia Internacional: estado de los derechos humanos en el mundo

NO SE TRATA SÓLO DE ECONOMÍA... ES UNA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
Irene Khan
amnesty.org/es/
En septiembre de 2008 me encontraba en Nueva York para asistir a la reunión de alto nivel de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas acordadas por la comunidad internacional para reducir la pobreza antes de 2015. Una tras otra, las delegaciones hablaron de la necesidad de destinar más fondos para erradicar el hambre, para poner freno a las muertes evitables de bebés y mujeres embarazadas, para proporcionar agua no contaminada y condiciones de salubridad o para educar a las niñas. Estaban en juego la vida y la dignidad de miles de millones de personas, pero la voluntad de respaldar el discurso con dinero era muy limitada. Cuando salí del edificio de la ONU vi en las pantallas informativas una noticia muy diferente que llegaba de otra zona de Manhattan: el desplome de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Era una señal muy elocuente de dónde estaban concentrados realmente la atención y los recursos internacionales. En un abrir y cerrar de ojos, los gobiernos ricos y poderosos fueron capaces de reunir sumas muy superiores a las que no habían logrado encontrar para frenar la pobreza. Inyectaron dinero en abundancia a bancos en quiebra y a programas de estimulación de economías encalladas a las que se había permitido navegar sin rumbo durante años.



Al final de 2008 estaba claro que nuestro mundo de doble cara – privación y codicia, o el empobrecimiento de muchos para satisfacer la avaricia de unos pocos– se hundía en un agujero negro.

La recesión económica mundial reproduce el patrón del cambio climático: los ricos han causado la mayor parte de la destrucción, pero son los desfavorecidos quienes sufren las peores consecuencias. Aunque nadie está a salvo de la amarga punzada de la crisis económica, las cuitas de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los más pobres. Desde los trabajadores migrantes en China hasta los mineros de Katanga, en la República Democrática del Congo, la gente que intenta desesperadamente salir de la pobreza se está llevando la peor parte. El Banco Mundial ha pronosticado que este año otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria el año pasado, con lo que se esfuman los avances logrados en los últimos 10 años. Según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, entre 18 y 51 millones de personas podrían perder su empleo. Cada vez hay más hambre y enfermedades debido a la drástica subida de los precios de los alimentos, y más personas sin hogar y en la indigencia a causa de los desalojos forzosos y los embargos de bienes hipotecados.

Aún es demasiado pronto para predecir todos los efectos que tendrá en los derechos humanos el despilfarro de los últimos años, pero no hay duda de que la sombra que la crisis económica proyectará sobre estos derechos será alargada. También es patente que los gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera en favor de las fuerzas del mercado, sino que además han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas.

Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia y humillación. Estamos ante una crisis de derechos humanos.

«El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas, y no únicamente para unos pocos privilegiados.»


La falta de comida, empleo, agua no contaminada, tierra y vivienda, junto con el aumento de la desigualdad y la inseguridad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión, conforman una crisis mundial que requiere soluciones globales basadas en la cooperación internacional, los derechos humanos y el Estado de derecho. Por desgracia, los gobiernos poderosos están volviendo la mirada hacia sí mismos, tratando de atajar exclusivamente los problemas económicos y financieros en sus propios países y haciendo caso omiso de la crisis mundial que los rodea. Si en algún momento se plantean emprender acciones de ámbito internacional, se limitan a la economía y a las finanzas, con lo que reproducen los errores del pasado.

El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas, y no únicamente para unos pocos privilegiados. Necesitamos líderes que propicien en los Estados el cambio de los ntereses propios nacionales y la estrechez de miras a la colaboración multilateral, para que las soluciones sean integradoras, completas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. Debe ponerse fin a las alianzas forjadas entre gobiernos y empresas con afán de enriquecerse a expensas de los sectores marginados. Deben desaparecer los pactos de conveniencia que eximen a gobiernos abusivos de la rendición de cuentas.

Las múltiples caras de la desigualdad

Muchas voces expertas señalan que millones de personas han sido rescatadas de la pobreza gracias al crecimiento económico, pero lo cierto es que son muchas más las que siguen en la misma situación; los progresos han sido demasiado frágiles (tal como ha puesto de manifiesto la reciente crisis) y el coste en derechos humanos, demasiado elevado. En los últimos años, los derechos humanos se han visto relegados con demasiada frecuencia a un segundo plano, mientras el torbellino de la globalización salvaje generaba un crecimiento frenético. Las consecuencias son claras: aumento de la desigualdad, la privación, la marginación y la inseguridad; represión descarada e impune de las protestas; y una ausencia general de arrepentimiento y de rendición de cuentas entre los responsables de los abusos (gobiernos, grandes empresas e instituciones financieras internacionales). Las crecientes muestras de violencia y disturbios políticos se suman a la inseguridad mundial que ya existe a causa de los conflictos sangrientos que la comunidad internacional parece no poder o no querer resolver. Dicho de otro modo: caminamos sobre un polvorín de desigualdad, injusticia e inseguridad que está a punto de estallar.

Pese al crecimiento económico sostenible de muchas partes de África, millones de personas siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza y luchan por satisfacer sus necesidades básicas. América Latina es posiblemente la región con más desigualdades del mundo, donde se niega a las comunidades indígenas y a otros grupos marginados de zonas rurales o urbanas el derecho a la atención médica, el agua no contaminada, la educación y una vivienda adecuada, a pesar del impresionante crecimiento de las economías nacionales. India emerge como gigante económico en Asia, pero todavía tiene que abordar las penurias que sufre su población urbana pobre o sus comunidades rurales marginadas. En China se ensancha aún más la brecha entre el nivel de vida de los trabajadores rurales y migrantes y las acomodadas clases urbanas.

Hoy en día, la población mundial es mayoritariamente urbana y más de mil millones de personas viven en barrios marginales. Es decir, uno de cada tres habitantes de las ciudades reside en asentamientos precarios con escaso o nulo acceso a servicios básicos, y bajo la amenaza diaria de la inseguridad, la violencia y los desalojos forzosos. El 60 por ciento de la población de Nairobi (Kenia) vive en barrios marginales: Kibera, el barrio marginal más grande de África, está habitado por un millón de personas. Por dar otro ejemplo, unos 150.000 camboyanos corren peligro de ser desalojados por la fuerza debido a disputas de tierras, apropiación de terrenos y proyectos de reurbanización de zonas agroindustriales y urbanas.

La desigualdad derivada de la globalización no es exclusiva de los países en desarrollo. Según muestra el informe publicado en octubre de 2008 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también en los países industrializados «el crecimiento económico de los últimos decenios ha beneficiado más a los ricos que a los pobres». Estados Unidos, el país más rico del mundo, ocupa el puesto 27, de 30, en la clasificación por índice de pobreza endémica y aumento de la disparidad de ingresos de los miembros de la OCDE.

Desde los sectores urbanos desfavorecidos de las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, hasta las comunidades romaníes de los países europeos, la cruda realidad es que mucha gente es pobre a causa de las políticas abiertas o solapadas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por el Estado y aplicadas con la connivencia de empresas o actores privados. No es una mera coincidencia que gran parte de las personas pobres del mundo sean mujeres o migrantes, o pertenezcan a minorías étnicas o religiosas. Tampoco es casualidad que la mortalidad materna siga siendo una de las principales causas de muerte de nuestro tiempo, pese a que un gasto mínimo en atención obstétrica de urgencia salvaría la vida de cientos de miles de mujeres en edad de procrear.

Un ejemplo claro de la connivencia entre las empresas y el Estado para privar a las personas de sus tierras y recursos naturales y dejarlas sumidas en la pobreza es el caso de las comunidades indígenas. En Bolivia, muchas familias indígenas guaraníes de la región del Chaco viven en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito como estado de servidumbre análogo a la esclavitud. Por su parte, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas, tras su visita a Brasil en agosto de 2008, criticó la persistente discriminación que subyacía en la elaboración de políticas, la prestación de servicios y la administración de justicia relacionadas con las comunidades indígenas del país.

La desigualdad se extiende al propio sistema de justicia. Las instituciones financieras internacionales, deseosas de fortalecer la economía de mercado y fomentar la inversión de empresas extranjeras y actores privados, han financiado reformas jurídicas del sector comercial en varios países en desarrollo. Sin embargo, no se ha hecho un esfuerzo comparable para garantizar que las personas pobres pueden reivindicar sus derechos y buscar resarcimiento en los tribunales por las violaciones cometidas por gobiernos o empresas. Según la Comisión de la ONU para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, alrededor de dos tercios de la población mundial carecen de un acceso significativo a la justicia.

Las múltiples formas de inseguridad

Al coincidir diversos factores en un clima de recesión económica, es probable que aumente el número de personas que viven en la pobreza y que sufren abusos contra sus derechos humanos. En primer lugar, las políticas de ajuste estructural dirigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta hace 10 años han debilitado las redes de seguridad social, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Estas políticas fueron concebidas para crear en el seno de los Estados unas condiciones que soportasen la economía de mercado y para abrir los mercados nacionales al comercio internacional. Condujeron a la promoción de un Estado mínimo en el que los gobiernos suprimieron sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales en beneficio del mercado. Además de invocar la liberalización económica, las políticas de ajuste estructural fomentaron la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las relaciones laborales y la reducción de los mecanismos de seguridad social. El pago de tasas promovido por el Banco Mundial y el FMI en ámbitos como la educación y la atención médica a menudo pusieron estos servicios fuera del alcance de los sectores más pobres. Ahora, en un momento en que la economía está en la cuerda floja y el desempleo crece, son demasiadas las personas que sufren no sólo una pérdida de ingresos, sino también una inseguridad social al no existir mecanismos de bienestar que las respalden en tiempos difíciles.

Por otra parte, la inseguridad alimentaria mundial, pese a su gravedad, no atrae la suficiente atención de la comunidad internacional. Según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), casi mil millones de personas padecen hambre y desnutrición en el mundo. El hambre ha aumentado vertiginosamente debido a la escasez de alimentos originada por decenios de falta de inversión en agricultura; por las políticas comerciales que fomentan la competencia desleal mediante la bajada de precios con la consiguiente ruina de los agricultores locales; por el cambio climático, que conduce a una mayor carencia de agua y degradación del suelo; por la presión del aumento de la población; y por la subida de los costes de generación de energía y la repentina demanda masiva de biocombustibles.

En muchos lugares, la crisis alimentaria se ha visto agravada por la discriminación y la manipulación política de la distribución de alimentos, por la obstrucción de una ayuda humanitaria muy necesaria, o por la inseguridad y el conflicto armado, que han impedido el desarrollo de la agricultura o han negado a la población el acceso a los recursos necesarios para producir o comprar comida. En Zimbabue, donde cinco millones de personas dependían de la ayuda alimentaria al final de 2008, el gobierno usó la distribución de alimentos como arma contra sus opositores políticos. En Corea del Norte, las autoridades restringieron deliberadamente la ayuda alimentaria para reprimir y mantener hambrienta a la población. En Darfur, las tácticas contrainsurgentes de «tierra arrasada» emprendidas por las fuerzas armadas sudanesas y las milicias yanyawid, progubernamentales, destruyeron el sustento y acabaron con la vida de muchas personas. En Sri Lanka, la población civil desplazada y atrapada por el conflicto en el norte del país estuvo privada de alimentos y otra asistencia humanitaria porque el grupo armado Tigres de Liberación de Eelam Tamil impedía a la gente abandonar la zona y porque el ejército srilankés no permitía el pleno acceso a la zona de las organizaciones de ayuda. Posiblemente uno de los casos más escandalosos de vulneración del derecho a la alimentación en 2008 fue la negativa, durante tres semanas, de las autoridades de Myanmar a autorizar la ayuda internacional que necesitaban con urgencia 2,4 millones de supervivientes del ciclón «Nargis», incluso a pesar de que el gobierno desvió sus propios recursos para financiar un referéndum viciado sobre una Constitución aún más viciada.

A la subida de los precios de los alimentos hay que sumar el despido de cientos de miles de trabajadores migrantes o extranjeros a medida que las economías impulsadas por las exportaciones se ralentizan y dan paso al proteccionismo. Las remesas enviadas por los trabajadores extranjeros –que ascienden anualmente a unos 200.000 millones de dólares estadounidenses, el doble de la ayuda internacional al desarrollo– es una importante fuente de ingresos para varios países de renta media o baja como Bangladesh, Filipinas, Kenia o México. El descenso de las remesas supone menores ingresos para los gobiernos y, por tanto, menos fondos destinados a bienes y servicios básicos. Además, en algunos países, la caída de la exportación de mano de obra deja en los pueblos un panorama de hombres jóvenes desilusionados, airados y desocupados, que se convierten en presa fácil para la política extremista y la violencia.

Entre tanto, aunque el mercado de trabajo se contrae, la presión migratoria sigue aumentando, y los Estados receptores recurren a métodos cada vez más severos para mantener a los migrantes fuera de sus fronteras. En junio de 2008 visité el cementerio público de Tenerife, en las Islas Canarias, donde las tumbas no identificadas son testimonio mudo de los esfuerzos truncados de los migrantes africanos por entrar en España. Sólo en 2008, 67.000 personas emprendieron la peligrosa travesía por el Mediterráneo con rumbo a Europa, y no se sabe cuántas murieron durante el trayecto. Quienes consiguieron alcanzar Europa viven en la sombra, sin documentos de identidad, expuestos a la explotación y los abusos, y, desde la adopción en 2008 de la directiva de la Unión Europea (UE) sobre retornos de migrantes irregulares, se cierne sobre sus cabezas el peligro de una detención prolongada seguida de la expulsión.

Algunos Estados miembros de la UE, como España, han suscrito acuerdos bilaterales con países africanos para devolver a migrantes, o directamente para impedirles abandonar el lugar de partida. Mauritania, por ejemplo, ve en estos acuerdos una licencia para detener arbitrariamente, recluir en condiciones precarias y expulsar sin ningún remedio legal a un gran número de extranjeros que se encuentran en su territorio, sin que medien pruebas sobre la intención de estas personas de abandonar el país y a pesar incluso de que no es un delito salir de Mauritania de forma irregular.

A medida que aumenta el número de personas abocadas a unas condiciones cada vez más precarias, crecen las tensiones sociales. Uno de los ejemplos más crudos de violencia racista y xenófoba tuvo lugar en mayo en Sudáfrica, donde 60 personas perdieron la vida, 600 resultaron heridas y decenas de miles se vieron obligadas a desplazarse, pese a que otras tantas decenas de miles entraban en el país para huir de la violencia política y la miseria del vecino Zimbabue. Aunque las investigaciones oficiales no determinaron las causas de los ataques, es generalizada la opinión de que fueron motivados por la xenofobia y la competencia en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios sociales, en una situación agravada por la corrupción.

La recuperación económica depende de la estabilidad política. Sin embargo, los mismos líderes que se afanan por componer programas de estimulación destinados a resucitar la economía mundial siguen ignorando los conflictos sangrientos de diversos lugares del planeta que generan abusos masivos contra los derechos humanos, agudizan la pobreza y ponen en peligro la estabilidad regional.

Las condiciones económicas y sociales de Gaza, sitiada y sacudida or los bombardeos militares, son desoladoras. Las secuelas políticas y económicas del conflicto de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se hacen sentir mucho más allá de sus fronteras.

Los conflictos de Darfur y Somalia se libran en zonas con ecosistemas frágiles, donde la creciente dificultad de conseguir agua o proporcionar alimentos para mantener a la población son al mismo tiempo causa y consecuencia de las continuas guerras. El desplazamiento masivo que han originado ha saturado la capacidad de los países vecinos, que ahora tienen que lidiar además con los efectos de la crisis económica mundial.

En el este de la República Democrática del Congo, la codicia, la corrupción y los intereses económicos, en competición con los juegos políticos de poder en la región, han empobrecido a la población y la han atrapado en un círculo vicioso de violencia. Los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de este país inmensamente rico en recursos naturales se retrasan debido a la disminución de la inversión extranjera a raíz del declive económico.

En Afganistán, la omnipresente inseguridad ha limitado el acceso de la población –especialmente las mujeres y las niñas–, a alimentos, atención médica y educación. La inseguridad se ha propagado al vecino Pakistán, que ya sufre los efectos de la incapacidad del gobierno para cumplir y hacer cumplir los derechos humanos y atajar la pobreza y el desempleo de la juventud, y está arrastrando al país a una espiral de violencia extremista.

Si alguna lección hemos de aprender de esta crisis económica es que las fronteras entre países no nos aíslan de los daños. Encontrar soluciones a los peores conflictos del planeta y a la creciente amenaza de la violencia extremista mediante un mayor respeto por los derechos humanos es una pieza clave que debe encajar en el objetivo más amplio de reactivar la economía mundial.
De la recesión a la represión

Por una parte, nos acecha el peligro de que el aumento de la pobreza y las pésimas condiciones económicas y sociales desemboquen en inestabilidad política y violencia generalizada. Por otra, puede ocurrir que la recesión vaya acompañada de una mayor represión si los gobiernos afectados (especialmente aquellos con inclinaciones autoritarias) deciden tomar medidas drásticas contra la disidencia, las críticas, y la exposición pública de la corrupción y la mala gestión económica.

En 2008 vivimos el anticipo de lo que cabe esperar de 2009 en adelante. Cuando la gente se echó a la calle para protestar por la subida del precio de los alimentos y la nefasta situación económica, en muchos países se respondió con dureza incluso a las manifestaciones pacíficas. En Túnez, las huelgas y las protestas se reprimieron con una fuerza que causó dos muertes, numerosas heridas y más de 200 procesamientos –algunos de ellos coronados con largas penas de prisión– contra los presuntos organizadores. En Zimbabue se atacó, secuestró, detuvo y mató con impunidad a opositores políticos, activistas de derechos humanos y representantes sindicales. En Camerún, tras unas violentas protestas, al menos un centenar de manifestantes murieron por disparos y muchos más fueron encarcelados.

En época de dificultades económicas y tensiones políticas, son necesarias la apertura y la tolerancia para que el descontento y el malestar puedan canalizarse hacia el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones. Sin embargo, es precisamente en esta coyuntura cuando el espacio reservado para la sociedad civil está menguando en muchos países. En todas las regiones del mundo se hostiga, se amenaza, se ataca, se procesa injustificadamente o se mata con impunidad a activistas de derechos humanos, periodistas, profesionales de la abogacía, sindicalistas y otros líderes de la sociedad civil.

A medida que los gobiernos tratan de sofocar las críticas a sus políticas, suele aumentar la censura mediática, que se suma a las amenazas que ya reciben los periodistas en muchos países. Sri Lanka tiene uno de los peores historiales a este respecto, pues desde 2006 se han cometido 14 homicidios de periodistas en el país. Irán ha restringido la libertad de expresión en Internet y tanto en Egipto como en Siria se ha encarcelado a autores de blogs. China relajó el control sobre los medios de comunicación en el periodo previo a la celebración de los Juegos Olímpicos, pero pronto retomó sus viejos hábitos de bloquear sitios web y ejercer otras formas de censura. El gobierno de Malaisia prohibió la publicación de dos destacados periódicos de la oposición, pues temía las críticas que pudiera recibir antes de las elecciones.

La apertura de los mercados no ha dado lugar necesariamente a sociedades más abiertas. En los últimos años, el gobierno ruso, envalentonado por el poderío económico que le proporcionaban los elevados precios del gas y del petróleo, ha ido adoptando una postura cada vez más nacionalista y autoritaria y ha tratado activamente de socavar la libertad de expresión y atacar a sus críticos. Ahora que la economía rusa pasa por dificultades por la caída de los precios del petróleo y el aumento de la inflación, y el malestar social se extiende, la tendencia autoritaria podría acentuarse todavía más.

China sigue reprimiendo con mano férrea a quienes critican sus políticas y prácticas oficiales. Así, la corrupción oficial y las malas prácticas empresariales no se atajan hasta que estalla el escándalo y se han causado grandes daños, como ocurrió hace unos años con la alarma de la gripe aviar y el síndrome respiratorio agudo y grave, o la epidemia del VIH/sida, y, más recientemente, con el caso de la melamina en productos que contenían leche en polvo. Las autoridades chinas han reaccionado ejecutando en actos de resonancia a las personas declaradas culpables de corrupción, pero poco o nada han hecho para cambiar la conducta de las empresas o del aparato estatal del país.

Contar con una ciudadanía informada y empoderada para pedir que se rindan cuentas es una forma mucho más útil de garantizar que los gobiernos y las empresas hacen bien su trabajo. La libertad es un activo que se debe fomentar, no reprimir, en un momento en que los gobiernos intentan estimular la economía.

Un nuevo modelo de liderazgo

La penuria, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad y la opresión son sellos distintivos de la pobreza. Constituyen, sin lugar a dudas, problemas de derechos humanos que no remitirán si únicamente se toman medidas económicas. Por el contrario, requieren una voluntad política fuerte y una respuesta integral que tenga en cuenta los aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales en un marco englobador de derechos humanos y Estado de derecho. Precisan de una acción colectiva y de un nuevo modelo de liderazgo.

«Los Estados miembros del G-20 deben abrazar los valores universales y enfrentarse a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con los derechos humanos.»


La globalización económica ha provocado un cambio en la balanza del poder geopolítico, y una nueva generación de Estados, bajo la forma del G-20, reclama su lugar en el liderazgo mundial. El Grupo de los 20 –compuesto por China, India, Brasil, Sudáfrica y otras economías emergentes del Sur global, así como por Rusia, Estados Unidos y destacadas potencias económicas occidentales– afirma ser una representación más exacta del poder político y del peso económico del mundo actual. Tal vez sea así, pero para convertirse en verdaderos líderes mundiales, los Estados miembros del G-20 deben abrazar los valores universales y enfrentarse a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con los derechos humanos.

Es cierto que el nuevo gobierno de Estados Unidos está marcando un rumbo muy diferente al de George W. Bush en materia de derechos humanos. La decisión de Barack Obama, a las 48 horas de asumir la presidencia, de cerrar el centro de detención de Guantánamo en un plazo de un año, denunciar de forma inequívoca la tortura y poner fin a las prácticas de detención secreta de la CIA, es digna de alabanza, al igual que lo es la decisión del nuevo gobierno de presentar a Estados Unidos a las elecciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, es pronto para saber si este gobierno pedirá respeto por los derechos humanos a países como Israel o China con la misma franqueza y vehemencia con que se lo exige a otros como Irán o Sudán.

La Unión Europea sigue manteniendo una postura ambivalente respecto a su compromiso con los derechos humanos. Aunque se muestra firme en cuestiones como la abolición de la pena de muerte, la libertad de expresión y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos países miembros de la UE están menos dispuestos a cumplir las normas internacionales sobre protección de personas refugiadas y eliminación del racismo y la discriminación dentro de su territorio, o a admitir su connivencia con la CIA en las entregas extraordinarias de personas sospechosas de terrorismo.

Brasil y México son firmes partidarios de los derechos humanos en la esfera internacional pero, lamentablemente, a menudo descuidan dentro de sus fronteras lo que predican en el exterior. Sudáfrica ha bloqueado repetidamente las decisiones de la comunidad internacional de presionar al gobierno de Zimbabue para que ponga fin a la persecución política y a la manipulación electoral. Arabia Saudí detiene a miles de personas sospechosas de terrorismo sin juicio, recluye a disidentes políticos y restringe gravemente los derechos de los trabajadores migrantes y de las mujeres. China tiene un sistema de justicia penal muy deficiente, aplica formas punitivas de detención administrativa para acallar las críticas y es el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo. El gobierno de Rusia ha permitido la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, así como la proliferación impune de las ejecuciones extrajudiciales en las regiones rusas del Cáucaso Septentrional, y amenaza a quienes se atreven a criticarlo.

Los gobiernos del G-20 tienen la obligación de respetar y defender las normas internacionales de derechos humanos a las que se ha adherido la comunidad internacional. Si no lo hacen, socavarán su propia credibilidad, legitimidad y eficacia. Su meta es encontrar una salida a la crisis económica mundial, y afirman que sus esfuerzos también beneficiarán a las personas que viven en la pobreza, pero ninguna recuperación económica será sostenible ni equitativa si no presta especial atención a los derechos humanos.

Quienes deciden los destinos del mundo deben predicar con el ejemplo. Un buen comienzo para los miembros del G-20 sería que afirmasen claramente que todos los derechos humanos –económicos, sociales y culturales, civiles y políticos– tienen la misma importancia. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha negado la validez de los derechos económicos y sociales y no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el otro extremo, China no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos países deben adherirse de inmediato a los respectivos tratados. Asimismo, todos los miembros del G-20 han de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2008. No obstante, suscribir estos tratados internacionales es sólo un paso en lo que está por hacer.

Nuevas oportunidades de cambio

La pobreza en el mundo, exacerbada por la coyuntura económica, ha propiciado la formación de una plataforma que reclama vivamente un cambio en los derechos humanos. Al mismo tiempo, la crisis económica ha alumbrado un cambio de paradigma que abre oportunidades a las transformaciones sistémicas.

«Los gobiernos deben invertir en derechos humanos con la misma determinación con la que invierten en crecimiento económico.»


En los últimos 20 años, el Estado se ha ido retirando o ha renunciado a sus obligaciones de derechos humanos en favor del mercado, creyendo que el crecimiento económico reflotaría cualquier barco. Ahora que la marea está bajando y las naves empiezan a hacer agua, los gobiernos están cambiando radicalmente sus posiciones y hablan de una nueva arquitectura económica mundial y de un sistema internacional de gobernanza en el que el Estado tiene más protagonismo. Este cambio ofrece la oportunidad de frenar también la retirada del Estado de la esfera social y de rediseñar un modelo de Estado más cercano a los derechos humanos que el que ha caracterizado la forma de hacer política de los últimos 20 años. Asimismo, deja la puerta abierta para replantearse por completo la función de las instituciones financieras internacionales en relación con el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos, incluidos los económicos y sociales.

Los gobiernos deben invertir en derechos humanos con la misma determinación con la que invierten en crecimiento económico. Deben ampliar y apoyar las oportunidades en materia educativa y de salud; deben acabar con la discriminación; deben empoderar a las mujeres; deben fijar normas universales y sistemas eficaces para hacer rendir cuentas a las empresas por sus abusos contra los derechos humanos; y deben construir sociedades abiertas donde se respete el Estado de derecho, la cohesión social sea robusta, se erradique la corrupción y el gobierno rinda cuentas de sus actos. La crisis económica no puede servir de pretexto a los países más ricos para recortar su ayuda al desarrollo. La asistencia internacional es si cabe más importante ahora, durante el declive económico, para que los países más pobres puedan prestar los servicios básicos de salud, educación, salubridad y vivienda.

Asimismo, los gobiernos deben trabajar conjuntamente para resolver los conflictos sangrientos. Al estar todo interrelacionado, ignorar una crisis para concentrarse en otra es la receta perfecta para agravar las dos.

¿Aprovecharán los gobiernos estas oportunidades para fortalecer los derechos humanos? ¿Asumirán y cumplirán las empresas y las instituciones financieras internacionales sus responsabilidades en materia de derechos humanos? Hasta ahora, los derechos humanos apenas se han dejado ver en los diagnósticos y recetas propuestos por la comunidad internacional.

La Historia muestra que la mayoría de las luchas por lograr grandes cambios –como la abolición de la esclavitud o la emancipación de las mujeres– no comenzó a iniciativa de los Estados, sino por el empeño de personas de a pie. Los logros obtenidos en el establecimiento de un sistema internacional de justicia, en el control del comercio de armas, en la abolición de la pena de muerte, en la erradicación de la violencia contra las mujeres o en el protagonismo de la pobreza y el cambio climático en la agenda internacional se deben en gran medida a la energía, la creatividad y la perseverancia de millones de activistas en todo el mundo.

«Hoy «exigimos dignidad» también para los presos de la pobreza, para que puedan cambiar sus vidas.»

Debemos recurrir al poder de la gente para presionar a nuestros líderes políticos. Por eso, Amnistía Internacional, junto con numerosos socios locales, nacionales e internacionales, lanza en 2009 una nueva campaña. Con el lema «Exige Dignidad» movilizaremos a las personas para que pidan a los actores nacionales e internacionales que rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos que generan o agudizan la pobreza. Cuestionaremos leyes, políticas y prácticas discriminatorias y pediremos la adopción de medidas concretas para superar los factores que empobrecen y mantienen a las personas en la indigencia. Con el fin de erradicar la pobreza, llevaremos al centro del debate las voces de los más desfavorecidos e insistiremos en que se les permita participar activamente en las decisiones que les afectan.

Hace casi 50 años, Amnistía Internacional nació para pedir la liberación de los presos de conciencia. Hoy «exigimos dignidad» también para los presos de la pobreza, para que puedan cambiar sus vidas. Tengo la certeza de que, con la ayuda y el apoyo de nuestros millones de miembros, simpatizantes y entidades asociadas de todo el mundo, lo conseguiremos.

Una mirada rápida al Informe 2009

El Informe 2009 de Amnistía Internacional pone de relieve el hecho de que el mundo está en plena crisis de derechos humanos. Estamos sentados sobre una bomba de relojería social, política y económica que estallará si no se resuelven los problemas relacionados con los derechos humanos.

Miles de millones de personas en todo el mundo están sufriendo inseguridad, injusticia e indignidad, y, aunque muchos aspectos de esta crisis preceden al declive económico, es evidente que la coyuntura financiera mundial está multiplicando sus efectos adversos.

Más personas se han visto arrastradas a la pobreza y expuestas a un peligro mayor de sufrir violaciones de derechos humanos. En África, la crisis alimentaria, rasgo distintivo de 2008, afectó de manera desproporcionada a los grupos vulnerables. En Asia, con la drástica subida del coste de los alimentos, los combustibles y otros productos en 2008, millones de personas han pasado a engrosar la población que ya vivía en la pobreza.

En Oriente Medio y el Norte de África, la crisis económica y la subida del precio de los alimentos afectaron a quienes ya eran pobres o estaban muy cerca de serlo, mientras que en Europa, varios Estados reclamaron la intervención del Fondo Monetario Internacional para que apoyara sus economías. En toda la región, las diferencias entre ricos y pobres siguieron siendo abismales.

También ha quedado patente una mayor represión derivada de la recesión: las protestas generadas por la pobreza, la desigualdad económica o la falta de justicia se reprimen brutalmente.

En 2008, muchos gobiernos continuaron desoyendo las voces de la población pobre y marginada. En América Latina y el Caribe, donde más de 70 millones de personas viven con menos de un dólar al día, la pobreza, la desigualdad y la discriminación han hecho que aumente el número de personas pertenecientes a comunidades indígenas privadas del derecho a asistencia médica, educación, agua limpia y vivienda adecuada.

Al hacer caso omiso de los derechos humanos, los gobiernos ponen en situación de peligro a la población. En Myanmar, las autoridades bloquearon inicialmente la ayuda internacional destinada a 2,4 millones de sobrevivientes del ciclón «Nargis» y, al mismo tiempo, desviaron recursos para promocionar un referéndum viciado sobre una constitución viciada.

Empresas y gobiernos continuaron enriqueciéndose a costa de la población más marginada. En Nigeria, en la vasta región rica en minerales del delta del Níger, el derecho de la población a la salud y a un nivel de vida adecuado se vio socavado en 2008 por la contaminación generalizada asociada a la industria del petróleo, con un trasfondo de homicidios y torturas por parte de las fuerzas de seguridad.

Al no considerar los derechos humanos un asunto prioritario, los líderes mundiales no han abordado una pieza fundamental de la solución para conseguir estabilidad política y económica a largo plazo. El G-20 reclama para sí el liderazgo mundial, pero el compromiso de sus miembros con los derechos humanos dista de ser claro y demuestra que no invierten lo suficiente en derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional documentó en 2008 casos de tortura y otros malos tratos en 14 países miembros del G-20.

China endureció las medidas represivas en todo el país contra defensores de los derechos humanos, practicantes de cultos religiosos, minorías étnicas, periodistas y profesionales de la abogacía en el periodo previo a las Olimpiadas de Pekín y durante su celebración. China es, además, el primer ejecutor del mundo.

En Estados Unidos, el gobierno de Obama tuvo un buen comienzo con las medidas destinadas a acabar con las prácticas de la tortura y la detención secreta a largo plazo por parte de la CIA y a cerrar Guantánamo antes de enero de 2010. Sin embargo, Estados miembros de la Unión Europea siguen mostrándose reacios a admitir su complicidad con la CIA en la entrega extraordinaria de presuntos terroristas. Estados como Alemania, Dinamarca, España, Italia y Reino Unido aceptaron “garantías diplomáticas” imposibles de aplicar, como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países donde corrían peligro de tortura y otros malos tratos.

En Brasil se llevaron a cabo operaciones policiales en comunidades urbanas empobrecidas que conllevaron uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y conducta abusiva. Sudáfrica obstaculizó la presión internacional sobre Zimbabue para que pusiera fin a la persecución política. Arabia Saudí encarcela a disidentes políticos, coarta los derechos de las mujeres y de trabajadores migrantes y aplica profusamente la pena de muerte. Rusia sigue permitiendo la detención arbitraria y la tortura y, en el Norte del Cáucaso, tanto las ejecuciones extrajudiciales como el hostigamiento y los ataques contra defensores de los derechos humanos.

En Japón aumentó el número de ejecuciones y los reclusos soportaban largos periodos de reclusión en régimen de aislamiento y sin acceso adecuado a asistencia médica.

El mundo necesita líderes que trabajen para todas las personas y no solamente para unas pocas, y que aleje a los Estados del mezquino interés propio y los acerque a la cooperación multilateral.

El mundo necesita un New Deal (Nuevo Trato) mundial sobre derechos humanos

Sólo es posible abordar las consecuencias de la crisis económica mediante una respuesta global coordinada que esté basada en los derechos humanos y el Estado de derecho.

Los líderes mundiales deben invertir en derechos humanos con el mismo empeño que invierten en crecimiento económico. A quienes se sientan en la mesa presidencial del mundo les corresponde dar ejemplo con su propia conducta. Y a la ciudadanía nos corresponde, como titulares de derechos, presionar a nuestros líderes políticos para que se sientan impulsados a actuar.

Con el lanzamiento de su campaña "Exige Dignidad", Amnistía Internacional pretende hacer frente a la peor crisis mundial de derechos humanos de la historia. Trabajaremos juntos para abordar los abusos contra los derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan, a fin de empoderar a las personas que están presas de la pobreza para que cambien su vida.

México
Jefe del Estado y del gobierno Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 107,8 millones
Esperanza de vida 75,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 22/17 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 91,6 por ciento

Las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de la policía incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias. Varios periodistas fueron asesinados. Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos a amenazas, cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos. Se hostigó a personas que protestaban contra proyectos de desarrollo económico. La Suprema Corte de Justicia rechazó las impugnaciones constitucionales de la ley despenalizadora del aborto promulgada en Ciudad de México. Se acometieron algunas reformas del sistema de justicia penal. La violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno generalizado.

Información general

La seguridad pública y la reforma del sector energético dominaron el debate político. Se desplegaron miles de efectivos de la policía federal y 45.000 miembros de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. Sin embargo, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas; según noticias de los medios de comunicación, durante el año más de 6.000 personas perdieron la vida en incidentes violentos de este tipo. Decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber.

* En septiembre se hallaron en el Parque Nacional de la Marquesa, estado de México, los cadáveres de 24 hombres asesinados. En un presunto ataque de represalia de una banda de narcotraficantes, el lanzamiento de dos granadas contra multitudes que celebraban el Día de la Independencia de México en Morelia, estado de Michoacán, ocasionó ocho muertos y numerosos heridos. En octubre, la policía detuvo a tres hombres en relación con el atentado. Los hombres confesaron haber sido los autores, pero presentaron una demanda por torturas sufridas mientras se encontraban en prisión preventiva.

El endurecimiento de las penas y la incorporación a la Constitución del arraigo (prisión preventiva sin cargos) durante 80 días fueron algunas de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia. En septiembre, instituciones federales y estatales firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con el fin de mejorar la coordinación de la policía y otras medidas de seguridad. En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre derechos humanos.

El Congreso estadounidense aprobó en junio la Iniciativa de Mérida, que preveía la prestación a México de fondos por valor de 400 millones de dólares estadounidenses. El paquete de medidas incluía también el suministro de equipo y formación a la policía y las fuerzas armadas mexicanas y a los funcionarios de justicia y de inmigración. El 15 por ciento de los fondos destinados a las fuerzas armadas estaba retenido hasta que la Secretaría de Estado estadounidense informara del cumplimiento por México de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. Entre estas condiciones figuraba la realización de investigaciones creíbles para identificar a los responsables del homicidio del reportero estadounidense Bradley Roland Will durante los disturbios políticos registrados en Oaxaca en 2006. En octubre, la Procuraduría General de la República detuvo a Juan Manuel Martínez Moreno, miembro de un grupo político de la oposición, y lo acusó formalmente del asesinato de Bradley Will. Numerosas personas e instituciones, incluidos expertos forenses independientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, criticaron el fundamento de la detención, pues temían que las personas acusadas en relación con el caso pudieran servir de chivo expiatorio para demostrar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Iniciativa de Mérida.

"...los migrantes irregulares eran objeto de abusos tales como extorsiones, palizas, secuestros, violaciones y asesinatos a manos de funcionarios o de bandas de delincuentes..."

En agosto, el gobierno hizo público su Programa Nacional de Derechos Humanos, pero en éste no se precisaba ni cómo ni cuándo se llevarían a efecto los compromisos generales formulados en él. Muchas organizaciones de la sociedad civil criticaron al gobierno por no haber mantenido con ellas un diálogo para elaborar un programa de derechos humanos sustantivo. El gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos renovaron el acuerdo para mantener en México una oficina de esta institución.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de amenazas, agresiones, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por organizar manifestaciones de protesta o promover el respeto por los derechos humanos. El gobierno aceptó facilitar a varios de ellos las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, algunos defensores de los derechos humanos señalaron que no se habían puesto en marcha iniciativas sustanciales para investigar sus casos o facilitarles una protección efectiva.

* En abril, cinco miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’ phaa (OPIM) del municipio de Ayutla, estado de Guerrero, fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, cometido el 1 de enero. Esta organización se había movilizado de forma sistemática contra la marginación de la comunidad me’ phaa y había promovido los derechos de los pueblos indígenas. A pesar del juicio de amparo federal otorgado en favor de cuatro de los detenidos y de los indicios convincentes de que la detención se había debido a motivos políticos, los cinco hombres seguían bajo custodia al finalizar el año. Se los consideraba presos de conciencia.

Varios proyectos de inversión y desarrollo económico suscitaron las protestas de algunas comunidades locales por la falta de un proceso de consultas adecuado y por el posible impacto negativo de dichos proyectos sobre los derechos sociales, medioambientales y de otro tipo. Las comunidades indígenas fueron víctima de un número especialmente alto de represalias.

* Los habitantes de la comunidad de Huizopa, en el municipio de Madera, estado de Chihuahua, que exigían que las labores de minería desarrolladas en tierras comunales cumplieran los acuerdos suscritos con la comunidad, fueron objeto de amenazas y de operaciones policiales destinadas a disolver manifestaciones legales.

Policía y fuerzas de seguridad
Personal militar

Aumentaron los informes sobre la implicación de personal militar en homicidios ilegítimos, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas. El sistema de justicia militar conservaba la competencia de investigar y procesar a los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló nueve recomendaciones sobre los graves abusos perpetrados por personal militar durante 2008.

* En marzo, unos soldados dispararon contra un vehículo en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa; mataron a cuatro hombres e hirieron a otros dos. No había pruebas de que las víctimas fueran armadas ni supusieran una amenaza. Al finalizar el año, cinco militares estaban bajo custodia militar y sometidos a investigación, y estaba todavía pendiente de resolución una solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas para impedir que las fuerzas armadas reclamaran su competencia en el caso.

Policía

Los homicidios ilegítimos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por parte de la policía siguieron siendo un fenómeno generalizado. Se adoptaron medidas para crear una policía federal única con mayores atribuciones en materia de investigación. Sin embargo, no se pusieron en marcha iniciativas importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policía por violaciones de derechos humanos, y continuó sin acometerse la reforma de las policías estatales y municipales.

* En septiembre, según los informes, agentes de la Policía Federal Preventiva mataron a una transeúnte de 17 años, al efectuar varios disparos, de forma innecesaria y sin advertencia previa, contra un automóvil en Matamoros, estado de Tamaulipas. Los ocupantes del vehículo, Carlos Solís y Luis Alberto Salas, fueron detenidos y acusados del homicidio, a pesar de que algunos testigos afirmaron que sólo había disparado la policía. Según los informes, a los dos hombres los torturaron cuando se encontraban bajo custodia, y al finalizar el año estaban en espera de ser juzgados por el cargo de tenencia de armas.

* En octubre, la policía estatal mató a tiros a seis miembros de la comunidad indígena de Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria, estado de Chiapas. Al menos cuatro de las víctimas murieron en circunstancias que daban a entender que se trataba de una ejecución. Se detuvo a varios agentes y, según los informes, 26 estaban sometidos a investigación al finalizar el año.

* En septiembre murieron más de 30 reclusos en los disturbios registrados en la prisión estatal La Mesa, en Tijuana, Baja California. El director de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California llegó a la conclusión de que algunas de las muertes se habían debido al uso de fuerza excesiva y a otras violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad responsables de la operación.

Torturas y otros malos tratos

Las torturas y los malos tratos siguieron siendo un fenómeno generalizado. Aunque se emprendieron varias iniciativas, se registraron pocos avances en la puesta en marcha de acciones judiciales efectivas contra los responsables. En agosto, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó algunos centros de detención en varios estados y recibió información sobre numerosos casos de tortura. Sus conclusiones eran aún confidenciales.

* En febrero, agentes de la Policía Estatal de Caminos detuvieron en Chilón, estado de Chiapas, a Eliseo Silvano Espinoza y Eliseo Silvano Jiménez, dos indígenas tzeltales. Según los informes, les dispararon, los golpearon, estuvieron a punto de asfixiarlos y los rociaron con gases lacrimógenos para tratar de que confesaran. Posteriormente, los dos hombres quedaron en libertad sin cargos. Al finalizar el año, dos agentes de policía estaban bajo custodia y eran objeto de una investigación por este incidente.

* En octubre, docentes y simpatizantes locales de este gremio se manifestaron en el estado de Morelos. En la localidad de Xoxocotla, la policía federal disolvió una manifestación que se estaba celebrando en una carretera principal. Muchas de las personas detenidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y, a algunas, las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes.

Libertad de expresión: periodistas

Al menos cinco trabajadores de medios de comunicación murieron de forma violenta, y como mínimo otro, víctima de un secuestro, continuaba en paradero desconocido. Estos delitos y otras agresiones a periodistas atribuidas a bandas de delincuentes siguieron impunes.

* En abril, dos mujeres indígenas, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que trabajaban en una estación de radio comunitaria de la región de Triqui, estado de Oaxaca, murieron al disparar unos hombres armados contra el vehículo en el que viajaban. Las autoridades negaron que el asesinato guardase relación con sus actividades periodísticas, pero no llevaron a cabo una investigación completa de los hechos.

Impunidad

Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas tanto en el pasado como recientemente. La falta de instituciones efectivas encargadas de investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos a escala federal o estatal limitaba gravemente la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.

* En el 40 aniversario de la matanza de la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, en la que fuerzas del gobierno dispararon contra manifestantes en circunstancias nunca aclaradas, seguía sin registrarse el menor avance en lo relativo a la rendición de cuentas de sus responsables. Al finalizar el año seguía pendiente la decisión de la corte federal que revisaba el recurso de amparo concedido al ex presidente Echeverría, según el cual éste no debía ser juzgado por genocidio en relación con la matanza de Tlatelolco.

No hubo avances judiciales para llevar ante los tribunales a los responsables de centenares de casos de homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas perpetrados durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. El gobierno tampoco formuló compromiso alguno a este respecto.

* En junio se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad en 1976 y que seguía en paradero desconocido.

Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes, como las torturas y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas –incluida violación– de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos registrados durante la crisis política de Oaxaca en 2006 y 2007, apenas arrojaron resultados positivos. Al finalizar el año no se conocían todavía los resultados de las investigaciones emprendidas por la Suprema Corte de Justicia sobre los abusos perpetrados en San Salvador Atenco y Oaxaca.

* El paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se temía que hubiesen sido víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007– siguió sin conocerse al fracasar la investigación federal iniciada al efecto.

Violencia contra mujeres y niñas

En agosto, la Suprema Corte de Justicia rechazó las impugnaciones constitucionales de las reformas introducidas en 2007 en la legislación de Ciudad de México para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.

La violencia contra las mujeres en el hogar, la sociedad y el entorno laboral continuó siendo un fenómeno generalizado. El gobierno siguió sin hacer públicos nuevos procedimientos para la atención de las supervivientes de violencia por profesionales de la medicina.

Veintiocho estados promulgaron leyes para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, pero sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales dictaron reglamentos para la aplicación de la nueva legislación. El aplazamiento del compromiso de financiar muchos de los refugios para mujeres sometió a una gran presión a esta red de servicios.

* En el contexto de la escalada de la delincuencia violenta, más de 75 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Defensores y defensoras de los derechos humanos que pedían justicia para las mujeres asesinadas o secuestradas fueron objeto de amenazas y actos de intimidación.

* Se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de tres de las ocho mujeres a las que en 2001 se encontró asesinadas en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

Migrantes

Según los informes, disminuyó el número de migrantes que cruzaban la frontera para entrar en Estados Unidos, pero aumentaron las expulsiones a México. En este último país, los migrantes irregulares eran objeto de abusos tales como extorsiones, palizas, secuestros, violaciones y asesinatos a manos de funcionarios o de bandas de delincuentes que actuaban a menudo con la complicidad de las autoridades locales. Los responsables de estos delitos no respondían prácticamente nunca de sus actos. Como consecuencia de las reformas introducidas en la legislación federal, la pena de cárcel por el delito de estar ilegalmente en México se redujo a una multa. La detención de los migrantes antes de repatriarlos siguió siendo la norma. Se aumentó la formación impartida a los funcionarios de inmigración sobre la protección de los derechos de la infancia. Tras visitar México en marzo, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes expresó su gran preocupación por el trato dado a los migrantes centroamericanos.

* En abril se publicaron en los medios de comunicación fotografías de una operación conjunta realizada por los servicios de inmigración y las fuerzas navales para detener a migrantes irregulares en Las Palmas, municipio de Niltepec, estado de Oaxaca. Testigos presenciales confirmaron la veracidad de las imágenes, que mostraban a migrantes sometidos a palizas y vejaciones. Sin embargo, los servicios de inmigración y la marina desmintieron estos abusos.

* El sacerdote Alejandro Solalinde y otros empleados del albergue de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, que facilitaban a los migrantes asistencia humanitaria y documentaban los abusos que éstos sufrían, recibieron repetidas amenazas en represalia por su trabajo.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Se introdujeron reformas importantes en la Constitución relativas a la seguridad pública y al sistema de justicia penal, entre ellas la instauración de juicios orales y algunas mejoras en el proceso debido para los delitos comunes, como la presunción de inocencia. Sin embargo, como consecuencia de dichas reformas, se ampliaron también –sin garantizar la existencia de controles adecuados– las atribuciones de los ministerios públicos encargados de investigar delitos federales graves. Se fijó un periodo de ocho años para la introducción de reformas, y se creó una comisión especial gubernamental encargada de elaborar propuestas legislativas para aplicar las reformas a escala federal. Las reformas no habían empezado todavía en la mayoría de los estados.

Se bloquearon una serie de reformas dirigidas a incorporar de manera explícita en la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos.