Los trabajadores, ¿obstáculo para la entrega de bienes públicos?

Antonio Gershenson / La Jornada
Lo que vivimos ahora no acaba de empezar. Las políticas de entrega de bienes y servicios públicos a empresas trasnacionales han golpeado, una y otra vez, a los trabajadores del ramo y a sus organizaciones sindicales.

El gobierno de Miguel Alemán, a partir de 1949, firmó con compañías petroleras extranjeras los llamados "contratos riesgo". Pero antes había golpeado, incluso con el Ejército, al sindicato petrolero y sus trabajadores, en 1946 y 1948, imponiendo líderes sindicales que le eran incondicionales.

La negociación había empezado con las dueñas de las compañías expropiadas en 1938. Pero éstas eran las mayores trasnacionales del petróleo, que luego serían llamadas las Siete Hermanas, y se negaron a regresar a México si no se cambiaba el artículo 27 de la Constitución, cuya reforma había afianzado la nacionalización de Lázaro Cárdenas, prohibiendo las concesiones petroleras, y la concesión era la única forma de participación privada permitida. Sólo que ese cambio era algo que ni el gobierno de Alemán podía hacer.


Entonces, el alemanismo hizo tratos con las llamadas compañías "independientes", todas ellas con sede en Estados Unidos. Para estas empresas el regalo de petróleo era excelente: el crudo del llamado cercano Oriente estaba en manos de las Hermanas y era, además de abundante, el más barato del mundo.

Pemex entregaba terrenos a la compañía contratada (sin ningún riesgo, como lo sugiere el nombre de los contratos, las reservas del lugar ya estaban probadas). Pemex le pagaba con petróleo a la empresa el costo de sus trabajos y luego le compraba petróleo mexicano. Y le daba, como premio adicional, 15 por ciento de lo extraído, también en petróleo. Todo esto se mantuvo en secreto; por eso era importante el control del sindicato petrolero.

A mediados de 1952, Natalio Vázquez Pallares, presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados y hombre cercano a Lázaro Cárdenas, publicó una serie de 20 artículos en el periódico El Popular. En ellos hace públicos, con lujo de detalles y respaldo de documentos, los contratos riesgo. Desde estas publicaciones no se volvieron a firmar contratos riesgo. En 1960, después de haber sido terminados anticipadamente los contratos riesgo existentes, se cambió el artículo 27 de la Constitución prohibiendo expresamente también los contratos.

Durante años no hubo contratos en áreas estratégicas, hasta la llegada a la dirección general de Pemex de Díaz Serrano, que había sido contratista él mismo, y que, aunque no del tipo del de Alemán, fue multiplicando el contratismo. Luego de años, volvieron a firmarse contratos de servicios múltiples y otras variantes.

Lo que no desapareció durante todos estos años fue el charrismo. Esto facilitaba las políticas de mayor profundización de la entrega a empresas privadas, en especial trasnacionales. Sin embargo, las protestas de trabajadores ante la entrega de sus fuentes de trabajo no desaparecieron.

Otro caso es el de los diferentes golpes al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y luego a la Tendencia Democrática del SUTERM.

Este movimiento sindical democrático llegó a su punto más alto el primero de mayo de 1975, en el desfile oficial del Día del Trabajo. Marcharon en un mismo contingente el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Tendencia Democrática del SUTERM. Con el tamaño, mucho menor, de los contingentes de los líderes espurios del SUTERM, había mucha diferencia. Se perfilaba, y se anunciaba incluso por escrito, un movimiento por un sindicato unificado y democrático de la industria eléctrica.

El gobierno, ante la oposición a esta posibilidad de sectores con poder y con intereses muy arraigados, logró que la dirección de entonces del SME se retirara del proceso. Sin embargo, un buen número de trabajadores de este sindicato continuó la lucha al lado de la Tendencia Democrática. Contra esta última se llegó a la ocupación militar de centros de trabajo en 1976. Esto preparaba el terreno para el uso cada vez mayor del contratismo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más adelante se abriría la puerta, en contra del artículo 27 también, a la generación de electricidad por empresas trasnacionales para que la vendieran a la CFE a precios muy caros. También venderían esa energía a particulares, con el disfraz del "autoabastecimiento".

Con De la Madrid, la ofensiva fue en especial contra los trabajadores de energía nuclear que habían sido parte de la Tendencia Democrática del SUTERM, ofensiva que culminó con el cierre de la entidad pública Uranio Mexicano (Uramex) y su liquidación. Tampoco en este caso es la primera vez la de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Además de Uramex, se canceló el desarrollo y construcción del Centro de Ingeniería de Reactores (nucleares) en Sonora, que dependía del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Desde entonces todo el uranio usado en México, en especial en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, es importado, y todos sus procesos para llegar al combustible nuclear se llevan a cabo en el extranjero.

Como vemos, los pretextos del momento para el cierre de LFC y para golpear al SME no pueden tapar el sol con un dedo. Son parte de una política de entrega de los recursos nacionales, incluso los estratégicos, como en el área de la energía, para lo cual se ha golpeado una y otra vez a los trabajadores de la misma y a sus organismos sindicales desde 1946, y no sólo en 2009. Ahora incluyendo no sólo los procesos ya descritos, sino el uso de la fibra óptica de las empresas públicas, que se pretende convertir en un gran negocio privado.

gershen@servidor.unam.mx