El golpe a la educación

AXEL DIDRIKSSON
En menos de una década, los gobiernos panistas han logrado avanzar en el desmantelamiento de los aparatos del Estado y de la democracia a favor del mercado. Esto se manifiesta en progresivas privatizaciones de áreas del petróleo, la electricidad, la educación y la cultura, pero también de la democracia, cada vez más en manos de los magnates de las televisoras y de los dueños nacionales o internacionales de las telecomunicaciones.

El mayor avance en ese propósito, el más terrible, es el que se resiente en el sistema educativo nacional, en donde, poco a poco, el PAN, la SEP, el SNTE y el gobierno federal buscan deshilvanar y ofuscar partes de la historia nacional, los valores de autodeterminación, laicismo y humanismo, con orientaciones que privilegian las competencias para el trabajo y la educación financiera y administrativa, al mismo tiempo que se apoya la privatización de la educación, su mercantilización y una idea de calidad que reproduce el currículum oculto de las élites.
En la educación básica esto se está logrando por la vía de la deformación del aprendizaje, alterando contenidos, lenguajes, métodos e identidades, pero, sobre todo, disminuyendo los recursos que la educación pública requiere para alcanzar mayores niveles de cobertura, equidad y ciudadanización.
Reducir de forma sistemática, año con año, las partidas destinadas a la educación pública (para 2010 la cifra correspondiente será de alrededor de 1% del PIB), no sólo refuerza la idea de que el mercado educativo es potencialmente mejor, sino también la consistente en que la calidad de la educación pública no podrá ocurrir nunca. Mientras la SEP reduce cada vez más su capacidad de acción y no atina a definir políticas hacia una reforma integral en el sistema para mejorarlo, se organizan evaluaciones que demuestran que los estudiantes y, sobre todo, los profesores, no dan la talla ni pueden alcanzar los indicadores de excelencia que abstractamente se promueven.
Para la educación básica, el golpe está dado en la reducción presupuestal hacia los estados con mayor rezago educativo (en 2008 se lo propinaron a 20 entidades y ahora a 23), mediante la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que, cada año, reduce recursos en lugar de incrementarlos para alcanzar mayores niveles de cobertura y de atención a los grupos más vulnerables. Así, se prevé un recorte de 3 mil 333 millones de pesos para 2010.
Sin embargo, el trancazo más fuerte se le está dando a las universidades públicas. Terrible, cuando se sabe que son éstas las que soportan lo mejor de la producción de nuevos conocimientos, de los aprendizajes, de la investigación y de la vida cultural del país. El reciente Premio Príncipe de Asturias otorgado a la UNAM es una muestra elocuente. Pero desde la lógica del mercado, que esto ocurra en la educación superior pública no perjudica porque, como lo afirmara el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, frente a los senadores, “los subsidios a las universidades son regresivos” (27/X/09).
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, serían asignados a la educación superior 77 mil 43 millones 500 mil pesos, lo que significa una disminución de 6.2% respecto a 2009, aunque con otras medidas la reducción llega al 7.9% en términos reales. Sólo para la UNAM el recorte sería de 1.3%.
En 2009 ya había ocurrido una disminución de 800 millones de pesos en el sector. Con todo ello, de 2009 a 2010 el presupuesto para la educación superior baja de 0.66% a 0.59% respecto del PIB, cuando la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) era aumentarlo de 0.66% a 0.71%. Para el gasto en ciencia y tecnología la reducción es de 4.6%, y para el Conacyt, de 6.4%; así, se mantiene sin crecimiento real este gasto, que ha fluctuado de 0.39% en 2003 a 0.34% en 2010 respecto del PIB, y sigue sin avanzar la propuesta de alcanzar por lo menos 1% del PIB para la investigación científica.
Son sólo ocho universidades públicas las que en México concentran 25% de los estudiantes de nivel de licenciatura y más de una cuarta parte de los de posgrado. Esto quiere decir que dichas instituciones atienden a medio millón de estudiantes de licenciatura, pagan el sueldo de 23 mil 356 profesores e investigadores de tiempo completo, y ofrecen todas facilidades posibles al más importante número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
El recorte a las universidades atenta contra las posibilidades de ampliar la base social e institucional de producción y transferencia de conocimientos. En la lógica de la derecha, del actual gobierno y de quienes se han visto favorecidos nuevamente con los acuerdos legislativos en materia de gasto total nacional, esto parecería no tener mucha trascendencia, pues consideran que siempre se podrá contar con las ofertas del mercado global, y eso significa que podemos ser subsidiarios, maquiladores o representantes de alguna de las franquicias educativas, científicas o tecnológicas.