Desde Veracruz pretenden criminalizar el aborto en todo el país

Brisa Gómez (CIMAC) El Congreso veracruzano enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión, con la propuesta del gobernador Fidel Herrera Beltrán para proteger la vida desde el momento de la concepción. De aprobarse, se podría echar atrás la despenalización del aborto en el Distrito Federal y se cerrarían las posibilidades de permitirlo en otras entidades del país. Esta iniciativa, que podría ser aprobada en las siguientes sesiones del Congreso local, pretende modificar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece actualmente que "el derecho a la vida será garantizado por el Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La ley establecerá los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido". También se modificaría el artículo cuarto, según el cual "toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Al efecto, el Estado garantizará una adecuada educación sexual". Un riesgo para las mujeres La iniciativa fue enviada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán al Congreso local el 6 de noviembre de 2008, para que a su vez aquél aprobara su envío al Congreso de la Unión. La finalidad última es que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en nombre de la LXI Legislatura del Estado de Veracruz. Con esta propuesta se podría dar marcha atrás a la reforma que se encuentra vigente en el Distrito Federal desde hace dos años y que permite la interrupción legal del embarazo dentro de los primeros tres meses de la gestación. De acuerdo con la activista Araceli González Saavedra, integrante de la organización civil Xochiquetzal, de aprobarse la reforma, representaría un riesgo para la vida de las mujeres, no solo porque las criminalizaría por interrumpir un embarazo al decidir sobre su cuerpo, sino que además podría llevarlas a la muerte por abortos mal practicados. Cabe destacar, además, que la iniciativa va en contra de los acuerdos y tratados internacionales que México ha signado y ratificado durante los últimos años, por medio de los cuales se busca mantener, preservar y defender los derechos humanos de las mujeres, incluida la libre decisión sobre el propio cuerpo. No obstante, como justificación para la reforma se toma como argumento la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se establece que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". También se esgrime la ola de violencia que se vive en el país, además de las garantías que se le daría a los nonatos para ser sujetos de derechos y obligaciones ante la Ley, de forma que puedan recibir herencias y donaciones desde antes del nacimiento. Una decisión misógina Por otra parte, la reforma constitucional que afectaría la Carta Magna veracruzana es una iniciativa del diputado priísta Leopoldo Torres García; con ella, se penalizaría la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación, malformaciones en el producto o riesgo para la vida de la madre. Según González Saavedra, "es penoso que en Veracruz se esté procediendo de la misma manera en que se hizo en otras entidades, sacando los dictámenes de manera apresurada, sin consultar a la población". En su opinión, se trata de un acuerdo con los poderes de la Iglesia católica. La activista añadió que los hombres no deben criminalizar a las mujeres por tomar una decisión sobre su propio cuerpo, y añadió que antes de garantizar la vida de un producto se deben de garantizar los derechos y la salud de ellas. Afirmó que esta decisión, la cual calificó de machista y misógina, fue tomada únicamente por hombres sin consultar la opinión de las mujeres, ya que –recordó– ni siquiera se llevaron a cabo las consultas públicas y los foros que se habían prometido cuando se presentado las iniciativas del diputado Leopoldo Torres García y el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Concluyó que los diputados de Veracruz están viendo únicamente a las mujeres "como objetos, como madres y no como sujetas de derecho".