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JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (apro).- Detrás de la negociación que gobernadores priistas --encabezados por Enrique Peña Nieto y respaldados "obligatoriamente" por los diputados federales-- hicieron con Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para aumentar el IVA de 15 a 16%, y la posterior amenaza de los priistas de rechazarlo en el Senado, hubo acuerdos financieros y un error de cálculo de los diputados federales del Revolucionario Institucional.
Poco antes de que Calderón enviara su paquete económico a la Cámara de Diputados, Pedro Aspe, dueño de la consultora Protego, acordó con los gobiernos federal y estatales un nuevo esquema para hacer frente a la caída del fondo de las participaciones federales de este año, que mes con mes se tienen que entregar a las 32 entidades.
Este fondo de participaciones se conforma, en un 25%, con todos los impuestos que se pagan en el país, como IVA e ISR, entre otros.
Debido a que en agosto pasado los gobiernos estatales empezaron a sufrir de liquidez, lo que hacía imposible el pago de nóminas y la continuación de ciertas obras, la fórmula que encontró la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores), junto con el gobierno federal y Pedro Aspe, fue "bursatilizar" lo que quedaba del fondo.
En ese mismo mes, el gobierno debía 65 mil millones de pesos a los estados, pero sólo había 13 mil millones de pesos en el fondo.
Y la burzatilización no consistió en meter a jugar ese dinero a la bolsa de valores, sino que el gobierno federal, en lugar de entregar a los estados la cantidad mencionada, la ofreció como aval ante ocho instituciones bancarias, que a partir de la primera semana de septiembre entregaron en crédito 45 mil millones de pesos.
La primera parte del dinero llegó a los estados justo la semana en que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico en el que se contemplaba, inicialmente, un nuevo impuesto de 2%, incluyendo alimentos y medicinas.
Pese a que desde un principio el PRI se opuso a ese impuesto, la Conago, que encabeza el gobernador de Durango, el priista Ismael Hernández Deras, se pronunció a favor del nuevo gravamen, ya que 25 mil millones de pesos irían al citado fondo de participaciones.
El PRI en la Cámara de Diputados midió el costo político que tendría para ellos gravar alimentos y medicinas, debido a lo cual lo rechazaron en definitiva. En tanto, los gobernadores priistas encabezados por Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Ulises Ruiz (Oaxaca) acordaron, junto con Hacienda, aumentar el IVA en un punto porcentual, lo cual les daría ingresos por 30 mil millones de pesos, que irían directamente a engrosar el fondo de participaciones federales para las entidades.
Las razones para que gobernadores del PRI y gobierno federal fueran juntos en la propuesta --haciendo a un lado a los diputados, ya que a éstos sólo los presionaron para que avalaran el gravamen-- se debió, justamente, al acuerdo financiero que recientemente firmaron, y al hecho de que en septiembre pasado la Federación ofreció a los mandatarios estatales una disposición inmediata de 45 mil millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones, como el pago de nóminas y la continuidad de ciertas obras públicas.
¿Y qué tiene que ver el convenio que Pedro Aspe logró con gobiernos locales y federales? Pues casi nada. Dicho acuerdo, que dio liquidez inmediata a los gobiernos estatales, tiene un costo de 1.8% de interés mensual, mismo que deben pagar a los ocho bancos que les dieron el crédito de 45 mil millones de pesos.
El convenio tiene una duración de 13 años, tiempo durante el cual los gobernadores deberán pagar los intereses de 1.8%, pero para evitar que la tasa se dispare y con ello se incremente la deuda, el gobierno federal (que es el aval de los estados en el convenio) debe contar con la aprobación de las calificadoras internacionales, y una de las exigencias o recomendaciones de éstas ha sido que el mismo gobierno incremente los impuestos.
Si una calificadora considera a México como país riesgo, los organismos internacionales no autorizan posibles deudas, y al no tener éstas, las tasas de interés aumentan de forma inmediata.
Y así, entrelazados los gobiernos federal y estatales, fue como impulsaron juntos el aumento del IVA.
Error de cálculo
Una vez que el PRI en la Cámara de Diputados aprobó, junto con el PAN, el aumento del IVA, el Revolucionario Institucional se vio inmerso en críticas y cuestionamientos. Y es que en el levantamiento de encuestas, el rechazo de la población fue contundente.
Pare revertir el costo político, el PRI en el Senado de la República decidió no aprobar el incrementó y se mantuvo en abstención, con el objetivo de que sólo los 50 senadores del PAN aprobaran el incremento. Así, públicamente, podrían lograr la percepción de que fueron los panistas quienes impusieron el aumento del IVA de 15 a 16%.
Con la simple abstención, el PRI mediáticamente aparentó un rechazo, pero en los hechos aceptó el incremento y, además, salvó a sus gobernadores ya no sólo de no tener más ingresos, sino de evitar que su deuda se incrementara notablemente, pues el interés mensual de 1.8% sobre los 45 mil millones de pesos que les prestaron podría subir a 4%, lo que implicaría embargar prácticamente estados y municipios.
Pensando no únicamente en las calificadoras, sino en el posible incremento del interés bancario, los diputados pretendieron dar más liquidez a sus gobernadores priistas y por ello también aceptaron el aumento del IVA.
En privado, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ofreció a los priistas 71 mil millones de pesos para entregárselos a sus gobernadores, distribuidos en el Presupuesto de Egresos; 30 mil millones saldrán del IVA que deberemos pagar todos los mexicanos.
Los priistas pensaron que la única vía de obtener los 30 mil millones de pesos era el IVA, sin embargo, cometieron un error de cálculo, debido a que el gobierno federal jugó con las cifras de los ingresos tributarios.
En su propuesta, el Ejecutivo federal solicitó que se autorizara un cambio en el régimen fiscal consolidado (procedimiento mediante el cual los consorcios pueden pagar en varios años sus impuestos). Calderón propuso que en 2010 los grandes empresarios paguen el 60% del total de los impuestos que deben del año 2004, con lo cual contemplaba obtener ingresos adicionales por 27 mil 560 millones de pesos.
Pero el PRI, que ha intentado cobijar al sector empresarial, desatendido por el Ejecutivo federal, bajó el porcentaje a un 40%, con lo que el ingreso adicional sería de 18 mil 394 millones de pesos.
Los cálculos del PRI fueron erróneos desde un principio, debido a la falta de información, sin embargo, luego de que aprobaron en la Cámara de Diputados bajar a 40% la consolidación fiscal, se dieron cuenta que efectivamente, como lo ha reiterado en diversas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, los grandes empresarios no deben esa pequeña cantidad, sino que al 2008 han dejado de pagar al fisco 850 mil millones de pesos.
Los datos, proporcionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), llegaron tarde a la Cámara de Diputados. Y los priistas que operaron mal, trataron de enmendar su error. Esto ocurrió luego de que ante senadores del PRI, los empresarios aceptaron que las cifras ofrecidas por el SAT eran las correctas.
Les dijeron que en caso de bajar ya no a 40% sino a 30% la consolidación, el fisco tendría ingresos adicionales por 30 mil millones de pesos.
Las nuevas cifras del SAT y la aceptación de los empresarios respecto de sus deudas en impuestos hizo renacer en los senadores del PRI la idea de echar para atrás el IVA. Pensaron no en votar en abstención, sino en contra, y así quedar ante la población como el partido salvador que no había aprobado los nuevos impuestos ordenados por el gobierno federal.
Para ello partieron del informe del SAT, que acepta que los empresarios deben 850 mil millones de pesos al fisco, y que divididos entre los cinco años, de 2004 a 2008, sumarían una deuda de cuando menos 170 mil millones por año.
El PRI propuso entonces bajar aún más el porcentaje que los empresarios deben cubrir. Y si el Ejecutivo propuso el pago de 60% de la deuda de 2004 y la Cámara de Diputados lo bajó a 40%, el PRI jugó con hacerlo hasta en una tasa de 25%, debido a que ello significaría un ingreso por 42 mil 500 millones de pesos.
Si esto es así, dijeron los senadores del PRI, votemos en contra el IVA, pues "de qué nos sirve cargar con el costo político cuando sólo recibiremos 30 mil millones frente a los más de 100 mil millones de pesos con el régimen de consolidación fiscal".
Eufóricos por su nuevo hallazgo tributario, los priistas se engallaron y amenazaron, durante varios días, con votar en contra del IVA, pero los gobernadores tuvieron que recordarles que no sólo se trataba de salvar el ingreso de 30 mil millones para sus estados, sino que también estaba en juego el obtener el visto bueno de las calificadoras internacionales y con ello evitar que los intereses de sus deudas se eleven considerablemente.
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