Cifras evidencian atropello a derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas

Lourdes Godínez Leal (CIMAC)

Sin rumbo ni congruencia, la administración de Felipe Calderón propone en el discurso respetar la libre decisión de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos y dotarlas de los medios para que así sea, pero en la práctica criminaliza a las mujeres que se atreven a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, como interrumpir legalmente un embarazo (ILE) o usar métodos anticonceptivos que eviten la implantación del óvulo, como el dispositivo intrauterino (DIU).

Con las modificaciones legislativas hechas a las constituciones de 13 entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción (sic) impulsadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y avaladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la administración panista se contradice en las metas fijadas en su Programa Nacional de Población (PNP) 2008-2012 y que tienen como fin “salvaguardar” el principio de la libre elección informada en planificación familiar.

De acuerdo con lo establecido en este plan, en cuatro años el Gobierno de Calderón se propone informar, educar y comunicar sobre los derechos sexuales y reproductivos y promover la toma de decisiones libres, responsables e informadas “sobre los asuntos relativos a la sexualidad y la reproducción”.

También se propuso instrumentar medidas que amplíen el acceso de la población a la consejería y a la gama de anticonceptivos reconocidos en la Norma Oficial Mexicana referente a la Planificación Familiar, que el personal de salud esté capacitado en el manejo de esta Norma y que “brinde los servicios de salud con pleno apego a ella”.

Cabe recordar que la meta del PNP del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) era alcanzar el 73.9 por ciento en la prevalencia anticonceptiva total establecida, misma que no se alcanzó ya que a 2006, el número de mujeres usuarias de anticonceptivos fue de 12.8 millones, lo que significó una cobertura de 70.9 por ciento.

ODM en salud reproductiva, muy lejos

La Secretaría de Salud (SS) ha informado en los Avances en las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que en 2007 se reforzó la difusión y utilización de los servicios de planificación familiar “con base en un enfoque de los derechos reproductivos y el derecho a la libre decisión” y que se amplió la gama de métodos anticonceptivos en las 32 entidades federativas.

No obstante, en 13 de éstas ya se criminaliza el uso del Dispositivo Intrauterino (DIU) y de la Anticoncepción de Emergencia (AE) por considerarlos “métodos abortivos”, contrario a la evidencia científica.

Pese a que organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros, han insistido en que a mayor acceso a métodos anticonceptivos menos muerte materna, en México el uso de estos continúa condicionado a la maternidad, estado civil de las mujeres y a su edad.

La propia SS ha reconocido que su política en materia de planificación familiar y de métodos anticonceptivos no ha sido su prioridad, así como el estancamiento en la prevalencia en el uso de estos (Cimacnoticias, 10 julio 08).

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2006, el 70.9 por ciento de las mujeres unidas en edad fértil del país utilizaba algún método anticonceptivo, mientras que la prevalencia anticonceptiva (el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que usan o cuyo compañero usa un método anticonceptivo en un determinado momento en el tiempo) de estos métodos se ubicó en 65.8 por ciento.

Decisiones de mujeres, a merced de médicos

Pese al objetivo establecido en el PNP de que las instituciones de salud estén capacitadas en la aplicación de la NOM sobre planificación familiar y la apliquen en sentido estricto, la realidad es que el personal de salud antepone sus creencias morales, éticas y religiosas a las decisiones personales de las mujeres.

Así lo señala Carlos Echarri, investigador de El Colegio de México, en su trabajo de investigación titulado Principales problemas, necesidades y obstáculos en la atención a la salud reproductiva.

En él reconoce “que a través de la institucionalización del control de la fecundidad a las instituciones de salud se ha dado una total injerencia para que éstas intervengan en las decisiones de un asunto que es totalmente privado, anteponiendo sus valores, normas y prácticas a un ejercicio tan privado como lo es el tema de la sexualidad”.

Ejemplo de ello son los cerca de 400 amparos a nivel nacional, que los prestadores de salud han interpuesto para no realizar el procedimiento de ILE, aún en los casos permitidos por la legislación y para no ofrecer servicios de AE en los casos de violencia sexual (violación), argumentando la objeción de conciencia y violando así la NOM 046 sobre violencia familiar y sexual, según ha informado la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.

Actualmente, de las 13 entidades federativas que han modificado su legislación para penalizar el aborto y el uso del DIU y AE, tres ni siquiera alcanzan el porcentaje en el prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, según el promedio nacional que es de 70.9 por ciento. Se trata de Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí, que se ubican en el 68, 59 y 68.3 por ciento respectivamente.

Mientras que la demanda insatisfecha de estos métodos que se ubica en el 6.9 a nivel nacional, es superada en 8 entidades federativas, siendo la más representativa Puebla, donde la demanda insatisfecha alcanza el 20.2 por ciento.