José Luis Calva / El Universal
25 de junio de 2009
La brecha ingreso-gasto público causada por la caída de la recaudación y de los ingresos petroleros coloca a la reforma fiscal —siempre postergada— como el primer problema económico que enfrentará la próxima Legislatura. Recuérdese que cuando Standard & Poor’s revisó —a mediados de mayo— de estable a negativa su perspectiva de calificación de la deuda soberana de México, argumentó “las vulnerabilidades fiscales estructurales del país, como su dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera”.
Ciertamente, además del problema fiscal coyuntural causado por la recesión —que según la SHCP es un boquete de 300 mil millones de pesos en el balance ingreso-gasto público ordinario—, tenemos un problema fiscal estructural: la exigua recaudación tributaria como porcentaje del PIB, que trae un Estado enclenque, sin recursos para cumplir sus responsabilidades en el desarrollo. De allí las carencias en infraestructura, educación, salud, seguridad pública, desarrollo científico-tecnológico, fomento industrial y agropecuario, combate a la pobreza, para no hablar de la subinversión en Pemex ni de la estrechez hacendaria para aplicar políticas contracíclicas sostenibles orientadas a impulsar el crecimiento del PIB y del empleo.
Sin duda, la elevación de la recaudación fiscal hasta en 10 puntos porcentuales del PIB —como objetivo a lograrse durante los próximos 10 años— es una tarea factible. Italia incrementó los ingresos tributarios del gobierno central de 29.1% del PIB en 1980 a 38.4% en 1995; en España el incremento fue de 22.2% a 28.7%; en Costa Rica saltó de 16.8% en 1980 a 23.5% en 1996 (Banco Mundial, Informes sobre el desarrollo mundial, 1995, 1997 y 2000/2001). Partiendo de un nivel inferior, ¿no podremos hacer algo similar por México, incrementando paulatinamente la recaudación, a fin de que el Estado pueda cumplir sus responsabilidades en la promoción activa del desarrollo?
El reto es formidable, pero es factible afrontarlo exitosamente mediante un paquete integral de medidas de reforma.
Primero: ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación. Las posibilidades recaudatorias en esta dirección son enormes: 1) gravar las ganancias bursátiles de personas físicas, como ocurre en los países desarrollados; 2) gravar las herencias con elevadas progresividades, como se hace también en gran parte del mundo; 3) gravar las ganancias de capital de las personas físicas, como también se hace en los países industrializados; 4) gravar prudencialmente al capital “golondrino” extranjero, como se hace en Chile y en otros países; 5) incorporar a la grande y mediana “economía informal” al régimen tributario.
Segundo: mejorar la fiscalización y combatir resueltamente la evasión fiscal.
Tercero: simplificar y readecuar la legislación tributaria a fin de facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y poner coto a las prácticas contables que reducen a niveles ridículos las ganancias gravables de las empresas.
Cuarto: acentuar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta, preferentemente mediante la introducción de impuestos locales sobre el ingreso, similares a los impuestos estatales o provinciales vigentes en Estados Unidos, Canadá y otros países. Incluyendo los ISR de los gobiernos centrales más los ISR locales, la tasa máxima de ISR para personas físicas es de 46.4% en Canadá; de 41.3% en EU; de 44.3% en Alemania; de 45% en España; de 43.4% en promedio entre los países de la Unión Europea; y de 40.4% en promedio entre los países de la OCDE (OECD in Figures 2008 Edition). La introducción de un ISR estatal reforzaría las bases materiales de la soberanía económica de los estados; y puede ir unido a la recaudación directa por los municipios de los impuestos causados bajo el régimen de pequeños contribuyentes.
Quinto: introducir una mayor diferenciación en las tasas de IVA, de manera que las tasas que gravan los bienes y servicios suntuarios (o de consumo casi restringido al estrato de más altos ingresos) sean mayores de 15%, manteniendo las tasas cero y las exenciones sobre los bienes y servicios de primera necesidad.
Mediante este conjunto de reformas es factible elevar la recaudación tributaria hasta en 10 puntos porcentuales del PIB durante los próximos 10 años. Hay que hacerlo por el bien de las actuales y futuras generaciones.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
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