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MÉXICO, DF, 19 de junio (apro).- A pesar del millonario gasto que ha representado su actual conformación, el Poder Judicial sigue al servicio de los intereses del poder político.Con creces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha convertido en una lamentable muestra de la adhesión ciega de sus actuales integrantes a los propósitos particulares de quienes los nombraron magistrados.
Su fallo del pasado 12 de junio para modificar el resultado de la elección de la candidata del PRD a delegada en Iztapalapa ahondó la desconfianza hacia la actual Sala Superior del Tribunal y, peor aún, abrió un escenario más de confrontación en la de por sí delirante clase política mexicana.Sin que nadie oficialmente se lo pidiera, ni siquiera Silvia Oliva, la beneficiaria del fallo, el TEPJF decidió atraer uno de los tantos recursos promovidos por la ahora candidata y así abrir la puerta para cambiar el sentido de los resultados que habían sido convalidados por la Sala Regional del Distrito Federal del propio Tribunal.Uno tras otro, los recursos de Oliva habían sido desechados por improcedentes hasta que el magistrado Manuel González Oropeza encontró "de importancia y trascendencia" que la Sala Superior analizara las quejas por las alegadas irregularidades en esa elección interna del PRD.Después, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, como autor de la resolución, se encargó de anular 47 casillas, hacer un nuevo recuento y revertir el triunfo de Clara Brugada, candidata de Andrés Manuel López Obrador.El proyecto se aprobó sin discusión. Ninguno de los magistrados argumentó su voto. Los siete llegaron a la sesión con el acuerdo de aprobar el proyecto por unanimidad.Conscientes de que su fallo desataría una nueva crisis en el PRD, los jueces electorales mostraron su talante de servicio. En la persona de Oliva, el primer beneficiario fue la tribu de Nueva Izquierda, encabezada por el presidente del PRD, Jesús Ortega Martínez, quien también debe su cargo a un fallo de los mismos magistrados.Fue esa corriente, precisamente, la que logró colocar a González Oropeza como su pieza en el TEPJF, la única del PRD. Los otros seis magistrados fueron designados por el PAN y el PRI, empezando por la actual presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanís, promotora del voto de Felipe Calderón en la elección presidencial del 2006, en su calidad de amiga de infancia de Margarita Zavala.El PRI, pero sobre todo el PAN, son los otros beneficiarios que, por esa manida vía judicial, arremete en el principal bastión del PRD en el Distrito Federal, que es decir el del todo el país. Ese es "el rebase por la izquierda" advertido por Calderón.La justificación de los magistrados fue que en esas casillas hubo personas ajenas al partido y por lo tanto, de acuerdo con los estatutos del PRD, debían anularse. Del mismo argumento de anulación de un calculado número de casillas se valieron los magistrados para darle el triunfo a Ortega, por encima del también lópezobradorista y exjefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas.Como entonces, la duda es si las irregularidades fueron del tamaño que dicen los jueces electorales. En ambos casos, conociendo las prácticas electorales del PRD, heredadas del PRI y replicadas también por el PAN, hay motivos de sobra para pensar que las violaciones pudieron haberse presentado en más de 20% de las casillas y proceder por lo tanto a la anulación de la elección.Los magistrados electorales podrán revestir jurídicamente su decisión, pero nunca convencer que no obedecieron a razones políticas. La operación se le ha atribuido al exsecretario particular de Calderón y candidato del PAN a la Cámara de Diputados, César Nava, y al presidente del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, otro de los promotores de la llegada de Alanís al Tribunal.El resultado, calculado, fue otra reacción destemplada de López Obrador, cuya propuesta de "cambalache" con el candidato del PT para "ceder" su eventual triunfo a Brugada, aportó más argumentos para los delirios de sus opositores políticos y mediáticos.Desde la reforma judicial que entró en vigor en 1995, el Poder Judicial ha tenido crecientes recursos y ha visto crecer su estructura, incluido el Tribunal Electoral. El objetivo era que esa instancia, que durante el autoritarismo del PRI era un poder "de tercera", se convirtiera en un sólido tercer Poder.Sojuzgados por décadas al poder político, los jueces mexicanos no saben ser independientes. Ahora, en tiempos de democracia electorera, no sólo responden al Ejecutivo, también al Senado.Los jueces también hacen política y, este caso, los desnuda. A ellos hay que imputarles los actuales obstáculos para alcanzar el equilibrio de poderes en México.Como nadie más, ellos saben que este tipo de fallos son inconcebibles en un régimen democrático, donde el Poder Judicial probadamente actúa con independencia de los otros dos poderes.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
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