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BRUSELAS.-La agenda de la legislatura saliente del Parlamento Europeo (PE) con México estuvo dominada por la situación de los derechos humanos. Entre el 20 de julio de 2004 –aún en tiempos del presidente Vicente Fox–, cuando comenzó tal legislatura, y el 7 de mayo pasado, europarlamentarios de cinco de los siete grupos políticos que conformaron el PE presentaron un total de 25 comunicaciones acerca de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos en México. Se refirieron en concreto al asesinato de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, las represión policiaca contra manifestantes en Guadalajara, San Salvador Atenco y Oaxaca, la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, la desaparición forzada de dos presuntos eperristas y la implantación del Proyecto Europeo de Desarrollo Social Integrado y Sostenible (Prodesis) en comunidades zapatistas de Chiapas, entre otros.
Mediante 19 comunicaciones por escrito y seis emitidas verbalmente durante las sesiones plenarias, 14 eurodiputados interrogaron a la Comisión Europea, la institución que maneja las relaciones de la Unión Europea (UE) con México, y al Consejo, que representa a los 27 gobiernos de los Estados socios de la UE, sobre su posición y las medidas que habían tomado frente a tales abusos a las garantías individuales, con base en la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, que está en vigor desde julio de 2000. Seis de esas "preguntas escritas y orales", que las instituciones cuestionadas están obligadas a responder, fueron presentadas por el español Raúl Romeva, dos por la austriaca Eva Lichtenberger y una por la italiana Mónica Frassoni. Ellos tres son miembros del grupo del Partido Verde Europeo. Por parte del grupo Izquierda Unida/Verdes Nórdicos, el español Willy Meyer Pleite emitió cinco comunicaciones, el alemán Tobias Pflüger dos, y el griego Konstantinos Drousas y el sueco Jens Holm una cada uno. El Partido Socialista Europeo (PSE), el segundo más grande después del Partido Popular Europeo (PPE), presentó cinco comunicaciones a través del italiano Proinsias de Rossa, las portuguesas Edite Estrela y Ana María Gomes, y de los españoles Emilio Menéndez del Valle y María Valenciano. También manifestaron su inquietud sobre el tema el belga Johan Van Hecke, del grupo de los Liberales Europeos, y el holandés Bastiaan Belder, del grupo Independencia, el más pequeño de la pasada legislatura en la Eurocámara, con 22 de los 783 diputados que la conformaron. La última de esas comunicaciones, fechada el pasado 11 de febrero, es la de Jens Holm: "¿Qué puede hacer la Comisión Europea para que se pongan en práctica las recomendaciones (al gobierno mexicano) del informe final del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación con el Acuerdo de Asociación (entre México y la UE)?". El 2 de abril pasado, la comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, respondió: "Nuestra recién establecida Asociación Estratégica con México pone a los derechos humanos, al lado de la seguridad pública, en lo alto de la lista de áreas de cooperación a ser mejoradas. Actualmente estamos negociando entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la presidencia y la delegación en México de la Comisión Europea un documento de trabajo sobre un mejor diálogo en derechos humanos." Continuó: "México recibe 600 mil euros de ayuda anual a través del Instrumento para la Democracia y los Derechos Humanos, que ayuda a la sociedad civil local que trabaja con los temas de derechos humanos, participación democrática y representación". El PPE sólo presentó una pregunta escrita y lo hizo el 5 de diciembre de 2006 por medio del eurodiputado italiano Mario Mauro. El parlamentario acusó al gobierno mexicano de "abandonar a su suerte a los habitantes de la ciudad de Oaxaca, dejándolos en manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)". Calificó a esa organización como "grupo violento de marxistas-leninistas, partidarios de la guerrilla urbana", que "deportan con total ilegalidad a quienes no comparten sus ideas, después de torturarlos en la plaza principal", además de "incendiar casas, hoteles y empresas de la ciudad". El eurodiputado del PPE preguntó a la Comisión Europea si, en el marco de las relaciones con México, no está prevista "alguna forma de intervención a escala europea para contener" esa "oleada de violencia". Ferrero-Waldner le contestó a Mauro que la situación en Oaxaca era tan "confusa", con acusaciones de abusos a los derechos humanos tanto de la APPO como de grupos afines al gobernador Ulises Ruiz, que en ese momento era "difícil hacer un análisis exhaustivo de los hechos".
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