Gabriela Rodríguez / La Jornada
Más negro que un cuchillo de obsidiana que, sin brillo, penetra en mis entrañas, inenarrable me parece el crimen colectivo que ocurrió en la guardería de Hermosillo. Como una burla al nombre que lleva la ciudad donde perecieron las pequeñas víctimas del incendio, esto es lo más horrible a lo que ha llegado la desmedida ambición de las elites políticas de este país. Esos actores son cada vez más prepotentes, corruptos e irresponsables, basta leer el testimonio de Martha Lemas, quien después de depositar las cenizas de su hijo Santiago, de dos años de edad, afirmó: "No me voy a poner a rezar un Padre Nuestro, sino a exigir que se haga Justicia" (La Jornada, 17/6/09).
El abuso naturalizado de los funcionarios de la mafia que ha tomado el poder conduce a revolver agendas empresariales y políticas públicas sin el menor escrúpulo, y ha llevado a confundir servicio público con negocio lucrativo, subrogación con abandono, y seguridad con negligencia, al grado de no comprender, como en el caso de la estancia infantil ABC, la diferencia que existe entre cuidar a un ser humano y empacar una mercancía.
El deceso de los 46 pequeños mató la fuente de asombro y de la sonrisa con que cuenta cada familia y cada comunidad, el eslabón que trasciende la sangre y que nos recuerda que la vida es un regalo del universo que atraviesa, por un rato, nuestros cuerpos. Con esas muertes se silencian las lecciones de vida que nos dan quienes sólo ambicionan cariño y atención, los que nos dan los brazos a cambio de nada, quienes no disimulan ni mienten, los que no confunden el amor con el dinero: los niños y las niñas.
La tragedia demuestra que el rigor exigible a las instituciones del Estado no se puede extender a la empresa privada, porque la ética de las políticas sociales no tiene lugar en una lógica empresarial. La vida del ser humano, no la ganancia, es tal vez el principal valor que deben defender las instituciones en un estado de derecho, y sin embargo, con creces, se está fallando en el cumplimiento de ese papel primordial.
Por eso llama tanto mi atención el silencio de las organizaciones autonombradas "pro-vida" ante la pavorosa catástrofe. Hoy me queda más claro su interés por proteger la vida de los no nacidos y me percato de su indiferencia ante la muerte de los seres humanos.
El portal del Comité Nacional Provida contradice su misión de "promover el valor y la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural" al no hacer ninguna mención de los menores que murieron incinerados. Su noticia del mes son los cambios constitucionales que impedirán despenalizar el aborto en 13 estados.
La nota en el sitio de la Unión Nacional de Padres de Familia hace una "cordial invitación a una peregrinación para pedir a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen de Guadalupe por la paz, la unidad y la salud del pueblo de México, especialmente a unas semanas de las próximas elecciones" y anuncia una campaña por la vida en la que invitan a cuestionar a los diputados del PRD de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que aprobaron el "asesinato legal de miles de seres inocentes". Se refieren a los fetos, porque no hablan de la defunción de los bebés de Sonora, para nada. En la Red Familia tampoco hay mención alguna de los lamentables decesos ni en otros sitios de las organizaciones que pertenecen a esta red.
No deja de sorprenderme el caso de Paz Fernández Cueto, una de sus voceras más visibles, quien no está lo suficientemente afectada como para dedicar a la tragedia de Hermosillo una de sus colaboraciones en el periódico Reforma, pues el pasado 12 de junio, seis días después del siniestro, la editorialista, que se ha expresado profundamente avergonzada por los funcionarios que "no defienden la vida desde el momento de la concepción", enfoca su artículo a invitar a votar por los candidatos del partido en el poder, hace una apología de Felipe Calderón y exalta los avances democráticos logrados en México, haciendo caso omiso de las denuncias de tráfico de influencias y negligencia de familiares del gobernador de Sonora y de parientes directos de la primera dama del país, dueños de la estancia infantil en que fallecieron los menores de edad.
Para mí es realmente doloroso reconocer que el Estado mexicano en vez de asumir la defensa, gobernación, justicia y seguridad de la gente, hoy se nos revierte como un Estado siniestro, es decir, malintencionado, tenebroso, oscuro y perverso. Me pregunto si elegir a los pocos candidatos que tienen una trayectoria de honestidad y servicio permitiría fortalecer esa unidad de instituciones que define al estado de derecho y qué otras estrategias tendríamos que desarrollar a fin de recuperar la autoridad y potestad del Estado para que pueda regular y proteger a la sociedad.
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
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