Administradores de Abu Ghraib buscan invertir en reclusorios mexicanos: PRD

Roberto Garduño

El anuncio del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sobre la participación de la iniciativa privada en la construcción de 12 penales en el país, ya tiene destinatarios, porque favorecería a la firma Wackenhut, propiedad de Richard Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, y al grupo financiero Interacciones, en manos de la familia Hank González, afirmó el diputado Alfonso Suárez del Real.

El legislador perredista documentó la pretensión gubernamental de entregar la construcción y administración de las cárceles a manos privadas. El esquema invoca las experiencias en Chile y en Estados Unidos en la materia.

Cheney, a través de Halliburton y su empresa Wackenhut, es el propietario del mayor número de las cárceles privadas del sur de Texas. Lo más grave es que estas compañías ya están en México, y están ofreciendo empleo en el país para jefe de turno bilingüe, recepcionistas, auxiliar de compras, gerente de seguridad, encargado de capacitación. Pero, curiosamente, estas solicitudes se dieron al día siguiente del anuncio de García Luna, refirió.

Desde el sexenio de Vicente Fox, en abril de 2006, Grupo Financiero Interacciones –que encabeza el nieto de Carlos Hank González del mismo nombre– dio a conocer públicamente su interés de invertir 600 millones de dólares en la construcción de cárceles.


Interacciones aportaría el capital, construiría el edificio y operaría los centros de readaptación, bajo el esquema de los PPS (proyectos de prestación de servicios).

En Estados Unidos estos proyectos en materia de penales se inspiraron en los PPS de hospitales. Así, los reclusorios privados del país vecino están organizados en ese mismo esquema, dijo.

En el esquema chileno, el criterio ha sido siempre la transparencia. La sociedad chilena sabe quién invirtió, quién construyó y cuánto cuesta al erario cada preso, y la seguridad queda a cargo del Estado, a manos de los carabineros.

Resquicios legales

La cuestión de cómo constitucionalmente se puede dar esta situación es grave y dramática, refiere Suárez del Real. La reforma al artículo 18 de la Carta Magna en 2008 liberó de responsabilidad al gobierno en materia penitenciaria y se abrió una fisura por donde podrán participar los particulares.

Deja de ser una facultad de Estado para, a través de la indefinición, privatizar las cárceles. El artículo 18 de la Constitución manifiesta que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud, y ya no precisa, como antes, que el sistema penitenciario estará bajo la tutela del Estado.

En el artículo 28 también se confirma que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación de ellos, y no se habla de la tutela de los reos.

No obstante, en el artículo 132 se refiere a los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, que estarán sujetos la jurisdicción del poder federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en el artículo 30 bis, fracción XXIII, que es obligación del Estado ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario del país, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados.

“Aquí queda demostrado que lanzan sus proyectos y programas y no revisan todo. Aquí ya estarían en un problema legal. Pero la orden ya está girada, y este proyecto viene desde el ‘gobierno del cambio’, cuando Interacciones dice que está dispuesto a invertir 600 millones de dólares en la construcción de cárceles. Lo gravísimo del asunto es que esto tiene nombre y apellido: es evidente que esta decisión de Felipe Calderón, según García Luna, va con dedicatoria al grupo Interacciones y a las empresas estadunidenses encabezadas por Cheney.

Y estamos hablando que estas empresas estadunidenses son las que mantienen y administran los espacios carcelarios de Guantánamo, Abu Ghraib y el sistema de penales de Estados Unidos.

Es decir, nos van a construir nuestro Guantánamo y nuestro Abru Ghraib.

–¿Cómo habrá de trasparentar el gobierno el proceso de privatización de los penales?

–Parto de un hecho: nosotros como izquierda estamos en contra de que estos procesos de reclusión se concesionen y los reos sean considerados una mercancía, y si bien estamos conscientes de que el culpable debe purgar su pena, aquí estamos en contra de que el Estado claudique en su obligación de reinsertar a quien haya violado la ley. Se busca no la sanción, sino la reinserción. ¡Esto definitivamente sería la claudicación del gobierno del PAN a hacerse cargo de una responsabilidad legal y moral en el proceso de reinserción del delincuente! Ya tiene destinatarios el anuncio de construcción de cárceles por la IP, acusa diputado.