Militares impunes, 15 años después

SARA LOVERA
MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- El gobierno mexicano, que involucra al Congreso y a las autoridades civiles y militares, se ha rehusado sistemáticamente a reconocer los crímenes cometidos por militares en el cuerpo de las mujeres. No los reconoce y no se juzga a los militares en tribunales civiles. Los expedientes se acumulan en los archivos y frecuentemente la anomia y la indiferencia los llenan de indignidad.

Se cumplieron 15 años desde que se denunció la violación a tres jóvenes indígenas tzeltales atacadas en un retén militar de Altamirano, Chiapas, el 4 de junio de 1994, en plena represión zapatista.

El expediente fue examinado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996, luego de acudir a todas las instancias nacionales. Cinco años después, esa Comisión requirió al gobierno de Vicente Fox para que se juzgara a los militares en los tribunales comunes. Nada se hizo.


La CIDH también conminó a la reparación del daño, así como a la presentación y encarcelamiento de los responsables, quienes todos estos años han sido protegidos por la jurisdicción militar.

Ningún argumento, investigación o prueba han sido suficientes para el gobierno mexicano, requerido recientemente, en marzo, para revisar otros casos como el de Barranca de Bejuco en Guerrero y lo que aparezca.

No quiero hablar sólo de impunidad sin sentido o de vacíos e incumplimientos. Lo que realmente sucede es que existe una sistemática complicidad de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón con los militares que abusan de las mujeres; se los protege sin fundamento jurídico alguno ante el asombro internacional.

El 21 de mayo, apenas hace días, se celebró una diligencia en Ocosingo, Chiapas, donde las tres jóvenes tzeltales ratificaron los cargos, las circunstancias, los testigos, algo que la Comisión Interamericana requiere para enviar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una de ellas, la mayor de aquellas tres menores, se negó a describir en detalle, pero, fortalecida, madura, les recordó a los enviados de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, que todo está en el expediente.

Ratificó sus dichos, aquellos de una larga mañana en que fueron requeridas por la justicia militar en 1994, única ocasión en que fueron presentados los militares, y tomó nota de ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también omisa.

Si se lee con cuidado, en muy pocas palabras, puede verse que en 15 años de trámites, escritos, idas y venidas de abogadas, grupos de mujeres y periodistas a Washington, para pedir la justicia que debió realizarse en México, se observa el tamaño del quebrantamiento de la Constitución Mexicana, de la inequidad para las indígenas, de la injusticia. Se puede mirar cómo reina la vejación contra las mujeres, de las que hablan los políticos tan seguidamente.

Lo cierto es que el Estado mexicano, representado en la multitud de audiencias por los burócratas en turno, no ha permitido el más mínimo avance. Ha tratado de que el asunto quede petrificado, como la enorme lista de otros muchos expedientes.

¿Para qué, entonces, firman buenos deseos y promesas en legajos gigantes de convenios, convenciones, acuerdos y declaraciones? ¿Sólo para burlar a las y los mexicanos?

No existe el más mínimo avance.

Allá en la comunidad, las hermanas tzeltales pasaron de niñas a mujeres, pero no han quedado varadas en su historia. En Ocosingo fortalecieron su dicho. ¿Qué hará el gobierno de Felipe Calderón? Argumentará sordera, ignorancia, indiferencia. No lo sé, pero este asunto tendría que llenarse de argumentaciones y voluntad de la llamada sociedad civil y de los grupos de mujeres, que entonces, en 1994, parecía que les importaba.

Los burócratas de todos los cuños seguramente han logrado nuevas tesis jurídicas y nuevas formas de ir y venir a Washington, pero las jóvenes no obtienen respuesta. ¿A quién le importan, más allá del lucimiento?

Nunca como en la actual Legislatura el tema ha sido tantas veces examinado. La emblemática denuncia de Altamirano en 1994, que reveló el carácter autoritario, intimidatorio y abusivo de las incursiones militares en pueblos y comunidades, obligó a configurar varias iniciativas para que, de una vez por todas, quede claro que los militares en servicio que cometan delitos del fuero común deben ser juzgados en tribunales civiles, requeridos e investigados por éstos y con la vigilancia de los órganos civiles que correspondan.

Es el colmo que, 15 años después, sea la Procuraduría de Justicia de Chiapas, sin capacidad ni decoro, la que participe.

Conozco dos iniciativas para reformar el Código de Justicia Militar. Una de la diputada Marina Arvizu y otra de la diputada Lenia Batres. Ninguna ha sido dictaminada ni llevada a la asamblea. La indiferencia machista de los legisladores es apabullante.

Se aduce que es Justicia Militar la encargada, que por cierto no rinde cuentas, no presenta a los delincuentes, no los juzga ni encarcela. Tras cada denuncia se tiende una cortina de humo.

Es por ello que tras la diligencia de Ocosingo, se construyó un comité de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos para poner al centro la urgente necesidad de que se haga justicia a las hermanas Santís o González, para darles alguna denominación, considerando el carácter emblemático de su añeja denuncia, para hacer sentir que esta vez hay que decir basta y desarmar la estrategia de doble lenguaje del gobierno mexicano que firma tratados y convenciones en el vacío.

El comité formado por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Comité de Derechos de las Mujeres de Chiapas y el Comité Prerreparaciones para las Hermanas González de Estados Unidos, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), buscarán movilizar conciencias en estos días para atisbar la justicia.

Saben que para lograr un avance se requiere de la acción concertada y coordinada de la sociedad civil, de que se ajusten a la ley los Institutos de las Mujeres; se cumpla con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia; que opere la Constitución de la República, la Ley General de Igualdad, todas esas entelequias que circulan en nuestro medio y que pocas conocen y nadie cumple.

Este sábado 6de junio habrá un homenaje a las víctimas de la represión de Atenco, atacadas sexualmente por la policía federal y del Estado de México, hermanas de las tzeltales, reprimidas y vejadas por causa semejante, por la violencia institucional contra las mujeres.

Esas mujeres que accedieron a la relumbrante Fiscalía Especial para atender los Crímenes contra las Mujeres, que no dejó operar, como supimos, el procurador general de Justicia de la República, Eduardo Medina Mora, quien está entretenido en su lucha personal contra la libertad de las mujeres al oponerse al derecho a interrumpir un embarazo, el mismo que operó la represión en Atenco en mayo de 2006.

La sociedad civil, los órganos civiles y oficiales de derechos humanos y las organizaciones de mujeres, tienen la palabra: las tzeltales requieren una respuesta y la reparación del daño ahora.